CARTA ABIERTA A LOS POTOSINOS de Tere Carrizales

Glocales 30 de octubre de 2020 Por Tribu PoliticArte
Sobre la agresión pública del ayuntamiento a la Lic. Tere Carrizales
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Les comparto los argumentos expuestos por mi denunciado que ocasionan que hoy viernes treinta de octubre del dos mil veinte los diputados locales voten un dictamen de improcedencia del juicio político denunciado por la suscrita, deseo que ustedes sean los que juzguen desde el informe rendido por Francisco Xavier Nava Palacios que en la página 23 del dictamen argumenta que al no ser la denuncia admitida por las comisiones de gobernación y justicia y declarada procedente, no se encuentra en el momento procesal oportuno para rendir informes o aportar pruebas ya que no existe un procedimiento  instaurado en su contra, argumento que comparto, opino que la comisión instructora delinquió al querer ser tan precavida y oficiosa ya que lo hizo únicamente en lo conveniente para el denunciado, a la suscrita jamás le solicito aclarar o complementar la denuncia, pero al servidor público si le requirió informe para mejor proveer su defensa a priori de la procedencia, violando el principio de contradicción, continuidad, inmediación, igualdad ante la ley, intimidad, justicia pronta entre otros señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ley supletoria en esta materia junto con el Código Penal. 

GACETA PARLAMENTARIA

Por lo que el niño denunciado se negó a presentar el informe solicitado y en la página 27 sólo argumenta a su favor que al momento de cometerse el acto  la Ley del Juicio Político del Estado de San Luis Potosí por un error de omisión legislativa no contemplaba al Presidente Municipal dentro del catálogo de servidores públicos, sin embargo es importante mencionar que en el artículo 125 y 126 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí si se encuentra esta figura pero si la interpretación conforme a los Derechos Humanos no basta, cabe aclarar que la ley vigente en donde se corrige la omisión fue publicada el día veinte de agosto del 2019 fecha que el denunciado manifiesta es posterior a la presentación de mi denuncia lo cual es erróneo ya que esta fue ratificada y turnada conforme a derecho el día 21 de Agosto del 2019, es decir un día después de que la ley entró en vigor situación que agradezco al ímpetu del personal del Congreso.

En lo anterior concuerdan los diputados conmigo, sin embargo extralimitándose  en sus atribuciones deciden subsanar la defensa de Xavi Nava al votar un dictamen que afirma que el presidente municipal si es sujeto a juicio político, que la denunciante si se encuentra dentro de la temporalidad para presentarlo, es importante señalar que en ningún momento Xavier Nava niega que haya ordenado el hecho, su responsabilidad o la existencia de este, su argumento es “si lo hice, pero no importa porque en el momento que lo hice por una omisión legislativa en la ley local no soy sujeto de juicio político”, a pesar que los diputados le contestan que si pero no, mejor le ayudan al sentenciar que resulta determinante precisar  la existencia de una conducta ya sea por acción o por omisión por parte del servidor público, y que tal conducta redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y que de los hechos vertidos en la formulación de la denuncia el promovente o sea yo, no aporto prueba alguna que permita presumir la existencia de infracciones y hacer probable la responsabilidad directa del C. Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal de San Luis Potosí y que tal conducta aparte redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, señalando únicamente como medio de prueba estudiado la recomendación 20/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (sin expediente de queja) y la cuál al día de hoy se encuentra impugnada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (página 32). 

 Dictaminando que de los hechos planteados por la denunciante, en ningún momento presento pruebas directas, contundentes y fehacientes, en contra del servidor público municipal denunciado, que hayan generado una responsabilidad política (página 78). Es decir que en más de 15 meses no tomaron en cuenta una sola de las pruebas aportadas por la suscrita las cuales constan de: 27 documentos públicos aportados al momento de la presentación de la solicitud junto con una memoria USB con los videos de los hechos notorios y públicos, las videograbaciones de los noticieros nacionales y notas periodísticas internacionales que narraron y pusieron en evidencia el hecho, tampoco tomaron en cuenta 31 documentos públicos presentados como pruebas supervenientes en escrito presentado el día 26 de junio del 2020, ignoraron las 4 carpetas de investigación existentes en la fiscalía del estado, al igual que los expedientes de procedimiento laboral y de denuncia ante la contraloría del estado ofrecidos, les valió  los instrumentos notariales, informes solicitados por medio de transparencia a las autoridades implicadas aceptando los hechos, llegaron al grado de hacer omiso el acuerdo firmado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas donde el mismo Xavier Nava se responsabiliza de los hechos denunciados y hasta se estipula como me reparará el daño (aunque esto solo exista en papel) ni la videograbación de la primer disculpa pública institucional en la historia del estado de SLP en nombre del denunciado Francisco Xavier Nava Palacios por la existencia, responsabilidad y culpa que le ocasiono ordenarme esas violaciones, conducta que increíblemente los diputados afirman fue materialmente imposible de probar, no siendo suficiente la fe pública del Comisionado Jorge Vega, la del Secretario General de Gobierno Alejandro Leal o el testimonio del propio presidente del Congreso el Diputado Martin Juárez Córdoba, ya ni hablar del alegato de la existencia de la aceptación de la conducta y pedimento de disculpas que pudiera aportar  el C. Gobernador Juan Manuel Carreras y se preguntan los congresistas ¿por qué interpuse recusación para seis de los diputados que conforman estas comisiones, por qué los denuncie en la contraloría interna y por qué están señalados con denuncia penal en la fiscalía del estado y en la comisión estatal de derechos humanos?, junto con su contralor claro. 

Terminan como empezaron contradiciéndose, ya que dictaminan que efectivamente se me infringió la violación pero que es de interés personal no del interés público porque el mencionado es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, es decir un derecho violado a una colectividad, si leen mi denuncia verán que lo que señalo es mi derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de mi país y que si se me va a negar sea porque existe sentencia o mandato judicial que lo ordene y solo después de eso se me restringa por los mismos medios y formas que utilizarían con un hombre, en fin, este precedente nos dejan las legisladoras luchonas, en retribución este 2021 podríamos pedirles que no nos informen, enteren si les violaron la paridad, si sufren de  violencia, ofensas , maltrato, las ven feo o les sacan la lengua, señoras ustedes lo han dejado plasmado; “esas conductas son violaciones a derechos personales, no son del interés público, no nos importa, no es una problemática que afecte a una colectividad, ni que afecte la legitimidad, credibilidad o buena fe del Estado, en otro tema ¿qué los lineamientos del INE estipula que para aspirar a una candidatura no se debe ser agresor de las féminas? ¿Vaya usted a saber? ya veremos si el pez por la boca muere, por lo pronto les dejo este documento histórico digo por si necesita leer algo cuando vaya al baño. PD. En las dos ultimas paginas las votaciones secretas, yo ya no chillo mejor agarro piedras.

C.MARIA TERESA CARRIZALES H

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