Crisis política en Ecuador

Descubre los desafíos políticos de Ecuador en medio de una crisis sin precedentes. Polarización, Corrupción e inestabilidad caracterizan el momento actual. Con la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, se abre un camino incierto para el futuro político de la Nación. Te compartimos el análisis, contexto e implicaciones de esta situación en el artículo de Jonathan Chávez Nava para PoliticArte.Mx.

PolitizArte 28 de junio de 2023 Jonathan Chávez Nava
Ecuador
Crisis política en Ecuador. Ilustración de PoliticArte.Mx

"La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer".  Bertolt Brecht

 "Tras esta crisis, lo próximo a corto plazo será otra crisis." José Luis Sampedro

En los últimos años, Ecuador se ha caracterizado por tener gobernantes que han llegado al poder a través de distintas ideologías, que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, lo que ha ocasionado que sus ciudadanos se polaricen hacia uno u otro espectro, teniendo como consecuencia una inestabilidad que en las semanas pasadas llegó al límite.

Este país cuenta con aproximadamente 17,800,000 ciudadanos, es decir el lugar número 67 a nivel mundial entre 196 países, su capital es Quito y a diferencia de la mayoría los otros países de Latinoamérica, su moneda corriente es el dólar americano.

Ecuador en el mundo-min
Ecuador en el mundo

En cuanto al nivel de corrupción, el índice de Percepción de la Corrupción del sector público, ubica a este país en el lugar número 36, es decir, que sus ciudadanos consideran que en su país existe mucha corrupción.

En cuanto a su sistema electoral, es una estructura compleja que ha sido modificada a lo largo de los años conforme a la ideología imperante del gobierno en turno, lo que ha dado como resultado que no haya la estabilidad requerida en un sistema de pesos y contrapesos que pueda dar los equilibrios necesarios para sostener a la democracia como la mejor forma de gobierno.

Lo anterior ha dado resultado que hace algunos días, conforme a lo establecido en el Decreto 741 expedido por Guillermo Lasso, presidente de la República Ecuatoriana, se disolviera el Congreso, a través de un proceso que se denomina “muerte cruzada”, ya que los congresistas pierden su estatus de manera inmediata y el presidente en turno, mediante una serie de procedimientos llama a elección para elegir a otro líder en seis meses o, si el voto ciudadano así lo determina, el propio jefe del ejecutivo puede ser electo nuevamente.

Esta herramienta utilizada por el presidente Lasso, ex banquero identificado con la ultraderecha, está contenida y reglamentada en la propia Constitución de la República de Ecuador, a diferencia de lo que pasó en días anteriores en Perú, donde no existen leyes al respecto, en la cual se especifica que este procedimiento tiene como objetivo principal llevar a cabo elecciones generales y da la oportunidad al presidente en turno de gobernar a través de decretos, durante un periodo que no podrá pasar de seis meses, lo que un país tan convulsionado y con un congreso en contra, no es de extrañar, ya que desde hace meses el mandatario venía poniendo en marcha sus proyectos a través de este mecanismo.

Esto ha sido duramente criticado por la oposición, puesto que según su dicho no se cumplió con lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador, porque para llevar a cabo la llamada muerte cruzada se tiene que estar en uno de los siguientes cuatro supuestos:

Art. 148.- "La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna."

De acuerdo con la mayoría de los legisladores, que con este decreto dejaron de llevar a cabo las funciones para las cuales fueron electos luego de la disolución de su órgano colegiado, la situación política del país no encuadraba en ninguno de los supuestos, sin embargo, Guillermo Lasso, considero que desde su punto de vista había una grave crisis política que lo había orillado a tomar esta radical medida.

Pero la realidad ha alcanzado al presidente, ya que su motivación principal fue escapar por la puerta trasera después de un juicio político que seguramente lo iba a dejar fuera del cargo y con responsabilidades penales de las cuales tendría que defenderse.

Esta maniobra política fue utilizada astutamente por Guillermo Lasso sobre quien siguen pesando acusaciones de malversación de recursos públicos en contratos sobre transporte de petróleo y otros energéticos que otorgó, supuestamente, de forma fraudulenta y que, según la Contraloría del país causaron un daño al erario público de más de 6 millones de dólares.

Guillermo Lasso
Guillermo Lasso

A su favor, el actual presidente sostiene que esos contratos fueron firmados por el ex presidente Lenin Moreno, quien por cierto lo ayudó a llegar al poder, luego de traicionar a su líder político y también ex presidente Rafael Correa, quien hoy, a través de su partido político, controla el congreso.

Sin embargo, fue la propia Suprema Corte Constitucional quien determinó que el delito de peculado sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad para poder responsabilizar al presidente Lasso.

Pero el máximo organismo garante de la justicia de Ecuador también decidió dejar fuera dos acusaciones en contra del presidente. Las cuales estaban relacionadas con el delito de concusión, ya que luego de las pruebas presentadas por la oposición, así como por los organismos facultados para ello, se determinó que no se cumplieron con las exigencias de fondo que exige la ley, lo que incrementó las dudas solo la probable culpabilidad, principalmente en los seguidores del acusado.

Cabe destacar que el ex presidente Lenin Moreno y 37 amigos y familiares cercanos como su esposa, su hija y sus hermanos tienen que solventar un proceso judicial penal entablado en su contra, ya que es acusado de diversos actos de corrupción que involucran sobornos y cobros ilegales de más de 70 millones de dólares que realizaron durante su gestión y antes de entregar el poder a Lasso.

Luego de que prácticamente fuera un hecho que la fuerza política de Rafael Correa, en coordinación con otras fuerzas menores, votaría a favor de destituir a Lasso, al superar los dos tercios de los votos, es decir, 92 de 137 sufragios de asambleístas que se requerían para tal efecto, es que el acusado echa andar un proceso que desde que la carta magna que se reformó en el año 2008 no se había utilizado, ya que resultaba bastante complicado renovar prácticamente todas las instituciones del estado ecuatoriano.

Esta decisión del presidente ha sido criticada por propios y extraños, primero por los propios opositores, quienes ya se frotaban las manos con su destitución y ahora reclaman que para llevar a cabo la “muerte cruzada” se debía cumplir con al menos uno de los requisitos constitucionalespara tal efecto y que la supuesta crisis política, que por cierto deja demasiado abierta la puerta de la interpretación, no existía y mucho menos para llevar a cabo un proceso de esta magnitud.

Por lo que algunos legisladores opositores que, si bien es cierto, aceptan que existían las condiciones para tal procedimiento, también lo califican como un acto de cobardía al no asumir su propia responsabilidad.

Por el lado de los seguidores de Lasso existe la molestia porque saben que es muy difícil gobernar únicamente a decretazos y son sabedores de que será prácticamente imposible que el presidente apoye a un candidato de su mismo símbolo político que compita en las elecciones dentro de 6 meses y que en caso de hacerlo el desgaste político que implica llevar a cabo la medida que se implementó los dejaría sin competitividad para poder ganar otro mandado a favor de su partido, ya que él ha sido claro al anunciar que no será candidato, lo que dejaría la puerta abierta para que algún candidato del ex presidente Correa llegue al poder.

Es así como en estos últimos días la sede del Poder Legislativo se encuentra custodiada por cientos de militares, quienes resguardan las oficinas en espera de que el conflicto se solucione.

Todo el país está en espera de que la autoridad eche a andar el calendario electoral que marca el inicio del Proceso Electoral y se pueda elegir al próximo presidente de la república, que tendrá como uno de los mayores retos cohesionar a su pueblo y sacarlo del estado de radicalización máximo en que se encuentra el día de hoy.

La primera vuelta de estos comicios "se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria", según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de Ecuador, y los representantes públicos que en ellos se elijan permanecerán hasta el final de la legislatura en 2025, cuando están programadas las próximas elecciones regulares.

De acuerdo con lo establecido en el artículo en el párrafo mencionado, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

Las elecciones se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria, por lo antes comentado, la autoridad electoral respectiva tuvo a bien determinar que el 20 de agosto de este año se lleve a cabo la elección para definir quién fungirá como presidente y en caso de requerir una segunda vuelta, está se llevará a cabo el 15 de octubre, igualmente de este año.

El mismo artículo marca que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

Lo que ha ocasionado una gran polémica, ya que esta facultad fue utilizada prácticamente de forma inmediata para aprobar una ley en donde se permitirá a los ciudadanos portar armas con el objetivo de disminuir el alto grado de violencia y asesinatos que envuelven a varias ciudades de Ecuador, con la capital Quito incluida, luego de una estrategia fallida que tenía como objeto terminar con la alta criminalidad que sucedía por todo el país; sin embargo, esta fue fallida.

Esta polémica ley ha prendido las alarmas de los defensores de Derechos Humanos, no solo del país sino a nivel internacional.

Ya que aseguran que diversos países, como Estados Unidos, lejos de disminuir los niveles de violencia en la realidad han aumentado. Lo que se ha visto en las últimas décadas en donde las matanzas y atentados, tanto en la calle como en las escuelas de los niños, han incrementado de forma exponencial, lo que he generado que la crisis social esté en sus máximos niveles.

Aunado a lo anterior, organizaciones campesinas que en otras ocasiones ya se han manifestado en contra de los gobiernos en turno, en esta ocasión han advertido que no permitirán decretos ni leyes que pongan en riesgo lo ganado a través de sus luchas sociales históricas y que están dispuestos a dar la lucha e incluso llegar a Quito como en otras ocasiones lo han hecho y paralizar la vida económica del país.

Lo que ha dado como resultado que el ejército esté movilizándose a lo largo y ancho del país lo que ha ocasionado que incremente la zozobra de la mayoría de los ciudadanos y que bien pudiera generar una lucha y con ella una crisis humanitaria, social y política cuyas dimensiones podrían desestabilizar aún más la vida democrática de este país sudamericano.

Hoy Ecuador, además de la crisis política, se encuentra envuelto en una crisis social muy importante, este país hoy tiene más de 6 millones de personas que apenas ganan 60 pesos mexicanos al día y que con ellos tienen que sostener a su familia, el desempleo está en niveles históricos, ya que más del 40% de la población económicamente activa no tiene la posibilidad de realizar una actividad que puedan llamar empleo.

Casi un millón de jóvenes de entre 18 y 24 años no pueden estudiar y mucho menos trabajar, una crisis migrante, donde desplazados de países vecinos llegan a diario en miles y miles y ahora se le suma una ley en donde todos podrán utilizar armas, puedo avizorar, y espero equivocarme, tiempos muy oscuros con un incremento en la violencia y en la radicalización contra los migrantes y contra los propios ecuatorianos.

Cuando Rafael Correa propuso este cambio constitucional fue con la intención de darle una salida institucional a las crisis políticas que había vivido su país y que se habían resuelto con la deposición prematura de sus presidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez por la violencia y disturbios que sucedieron en sus mandatos entre los años 1996 y 2005, sin embargo, ha quedado claro que lejos de aminorar el problema lo ha complicado aún más, ahora el Ecuador está sumido en la desestabilización, en donde un hiperpresidencialismo ha golpeado fuertemente la separación de poderes con el afán de salvar al presidente de un proceso legal, lo que está a punto de generar protestas y conflictos sociales que hasta hace unos meses no se esperaban.

El presidente Lasso tendrá una oportunidad de oro, durante seis meses podrá echar andar una oleada de decretos y leyes que bien podrán hacer que recupere la confianza de los ciudadanos ecuatorianos o bien terminara por dilapidar el poco respaldo que le queda, lo que podría generar aún más problemas en materia económica, social y política.

Si esto último llegará a ocurrir, lo más probable es que los políticos que representan al ex presidente Rafael Correa regresen al poder, lo que consolidaría, después de triunfos como el de Lula Da Silva, Alberto Fernández, Gabriel Boric, el regreso de la izquierda al poder de América del Sur.

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