Renovación del Consejo General del INE: entre evaluaciones, acusaciones y tómbolas.

Proceso de renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Winston Churchill.

No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución. Gilbert Keith Chesterton

En las últimas semanas, se ha vivido un proceso de renovación de los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no ha estado exento de polémicas, acusaciones, conflictos e incluso amenazas entre diversos actores políticos que han tenido alguna participación, ya sea directa o indirecta durante los trabajos que se ha llevado a cabo, por lo que en este artículo explicaré todo lo relacionado con los distintos pasos, requisitos y procedimientos que se realizaron para poder conformar este órgano garante de la democracia en nuestro país.

Corría el año 2014, cuando las diversas fuerzas políticas de nuestro país se dieron a la tarea de llevar a cabo una de las grandes reformas electorales de las últimas décadas, debido al ambiente de polarización que se vivía en aquel momento y a la crispación entre muchos actores políticos involucrados, es que esta reforma pudo ser analizada y acordada entre una amplia gama de participantes con la firme intención de que la mayoría de puntos de vista y propuestas para mejorar nuestro sistema electoral estuvieran contenidos en las modificaciones aprobadas. Estos cambios realizados han tenido un gran impacto en la forma en que se organiza actualmente el Instituto Nacional Electoral, con miras a un mejor funcionamiento, entre otras cosas, se modificaron el nombre del órgano electoral que pasó de llamarse Instituto Federal Electoral a como lo conocemos ahora: Instituto Nacional Electoral.

Esta reforma otorgó al INE la facultad de intervenir en Procesos Electorales Locales como autoridad coadyuvante y supervisora de los trabajos de los Organismos Electorales Locales mejor conocidos como OPLES.  Además le dio la responsabilidad de poder organizar los procesos de elección de los dirigentes de los Partidos Políticos que así se lo soliciten, de igual manera, le otorgó el poder verificar y desarrollar las Consultas Populares, también fiscaliza las finanzas de los Partidos Políticos Nacionales y Estatales y ahora investiga las infracciones e impone medidas cautelares en cuanto se refiere a las violaciones que se realicen en contra de lo estipulado en el Nuevo Modelo de Comunicación Política.

En el tema que nos ocupa en el presente artículo, esta reforma incrementó el número de integrantes del Consejo General a un total de 10 consejeros y un consejero presidente del mismo. Se creó un procedimiento para que todos aquellos que quieran participar en la elección para integrar este consejo sean evaluados por un Comité Técnico Evaluador que presentará sus resultados a la Cámara de Diputados que será la encargada de nombrarlos.

El artículo 41, base V apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamenta la composición y funciones orgánicas elementales del Instituto, por lo cual mencionaremos las más relevantes para cimentar el análisis que nos ocupa.

Conforme al artículo mencionado, además de los Consejeros Electorales, el Consejo General también integra a los consejeros del Poder Legislativo, a los representantes de los distintos Partidos Políticos y un Secretario Ejecutivo, que tendrán voz, pero no voto en las decisiones que se tomen en el órgano colegiado.

De igual manera, dispone que los 11 consejeros durarán en su encargo 9 años, serán electos de forma escalonada y no tendrán derecho a reelegirse, serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes, en la sesión que para tal efecto se desarrolle en la Cámara de Diputados, quienes luego de un riguroso proceso, que será explicado en líneas posteriores, determinarán, ya sea por voto directo o por insaculación, quienes serán quienes ocupen estos importantes cargos.

En este proceso se ha mencionado en muchas ocasiones, algunos con sorpresa, otros más con un claro enojo, que desde su punto de vista, los consejeros tuvieron que ser electos mediante un acuerdo político en donde todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la Unión estuvieran representadas y que no se tenía porque elegir a través de una tómbola, sin embargo, este proceso está cimentado conforme a lo establecido en nuestra carta magna.

El mencionado artículo 41 constitucional determina que la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria respectiva que contendrá las etapas del proceso, plazos, el proceso para determinar quienes integrarán el Comité Técnico Evaluador; que será integrado por 7 personas, de las cuales 3 serán propuestas la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

Luego de que el Comité Técnico Evaluador realice las evaluaciones correspondientes, este remitirá a la Junta de Coordinación Política quintetas conformadas por las personas que obtuvieron las mejores calificaciones, para que se busque un acuerdo entre los diputados y llegado el caso en que, como en esta ocasión sucedió, las fuerzas políticas no lleguen a un acuerdo, se llamará al pleno de dicha cámara para realizar el proceso de insaculación que determinará quien ostentará el cargo.

¿Pero por qué ha causado tanto resquemor las decisiones que se han ido tomando durante este proceso?

Muchos especialistas, opinadores, analistas políticos y ciudadanos que de alguna manera están interesados o involucrados en la materia electoral, consideraron que, en primer lugar, la subjetividad con la que fue electo el Comité Técnico Evaluador, enturbió el proceso desde su origen, ya que para ellos fue claro que su integración fue sesgada a favor de un Partido Político, en concreto, favoreciendo al Movimiento de Regeneración Nacional, porque la mayoría de sus integrantes están de alguna forma vinculados a esta fuerza política y porque el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó sin consenso alguno a tres miembros de este Comité que le correspondían proponer a ese órgano colegiado.

En el caso de los tres integrantes mencionados, el que más llamó la atención de los opositores es Enrique Galván Ochoa, quien fue uno de los encargados en el 2018 de redactar la Constitución Moral promovida por MORENA y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además durante muchos años el economista y analista político de medios como La Jornada o el programa radiofónico de Carmen Aristegui, se ha distinguido por defender las políticas de todo tipo del actual presidente, lo que, según algunos analistas, dejó serias dudas sobre su objetividad en la evaluación de los participantes en el proceso, además fue señalado constantemente de haber filtrado los exámenes aplicados a los participantes relacionados con el partido en líneas anteriores mencionado quienes sin experiencia concreta en materia administrativa electoral obtuvieron las mejores calificaciones, lo que despertó sospechas e incluso que un miembro del Consejo General del INE, el doctor Uuk-kib Espadas Ancona, ironizará en sus redes sociales.

Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper, de igual manera fueron acusados de tener relación directa con personajes ligados con el movimiento político del presidente, en el primer caso como funcionaria pública federal, al menos de 2019 a 2022, en el segundo caso como coordinador jurídico de varias campañas de MORENA, lo que, según lo dicho por varios especialistas en la materia, pone en tela de juicio la objetividad e imparcialidad con que deberían de actuar en este tipo de encargos tan importantes para la democracia de nuestro país. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tripulada por funcionarios de igual manera relacionados con el presidente López Obrador, desde su presidenta misma, tuvo a bien designar a Ernesto Isunza Vera, quien es exconsejero electoral local en Veracruz, y Araceli Mondragón González, quien no cuenta con experiencia electoral.

El INAI, por su parte, designó a Sergio López Ayllón quien ya había sido miembro del Comité en el 2017 y quien actualmente funge como investigador del CIDE y a María Esther Azuela, quien había sido funcionaria del antiguo INE, y quien emitió un voto razonado, ya que desde su punto de vista, varios participantes para integrar el Consejo General, estaban vinculados claramente al partido que hoy ostenta el poder y pasaron a la última ronda, por lo que la comisionada consideró que no se respetaban los principios básicos que sustentan o legitiman este tipo de nombramientos, lo que, para ella, era a todas luces era una violación flagrante a la Constitución.

Luego de que este Comité Técnico Evaluador realizó los exámenes y entrevistas a los participantes y, conforme a la convocatoria respectiva, remitió las 4 quintetas a la Cámara de Diputados para que fueran votadas en el pleno, sin embargo, durante este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en la que ordenó a la cámara la integración de una quinteta completa conformada por mujeres y ordenó que de la misma debía ser electa quien fungirá como Presidenta del Instituto durante los próximos 9 años.

Entre los 20 participantes seleccionados llamaron mucho la atención algunos personajes que no tenían la mínima experiencia electoral y que, sin embargo, tuvieron las calificaciones más altas, incluso por arriba de funcionarios de carrera que gran parte de su vida han trabajado y adquirido experiencia en la materia administrativa electoral, casualmente todos ellos relacionados de alguna u otra manera con el actual partido gobernante. Entre estos participantes destacaron Bertha Alcalde Luján, hermana de la recien Secretaría de Gobernación del gobierno federal e hija de Bertha Luján quien fue hasta el año 2022 Presidenta del Consejo Nacional de Morena, así mismo llamó la atención Netzaí Sandoval Ballesteros quien es hermano de la ex Secretaria de la Función Pública Federal Irma Eréndira Sandoval y cuñado del catedrático y militante de MORENA John Ackerman, quien en el proceso de renovación pasado había sido designado miembro del Comité Técnico Evaluador y, que, sin embargo, renunció por las constantes presiones de la oposición quien lo acusó de no actuar con imparcialidad en el cargo.

Es así como llegamos a la Sesión de la Cámara de Diputados en donde, luego de recibir las propuestas del Comité Técnico Evaluador, los diputados representantes de las diversas fuerzas políticas que componen este órgano colegiado se dieron a la tarea de intentar conciliar para definir quienes serían las personas electas de las quintetas presentadas para asumir las vacantes en el Consejo General, sin embargo, al no poder llegar a un acuerdo y no alcanzar las 2/3 partes de los votos de los miembros presentes en la sesión, tal y como lo marca nuestra carta marga, se dio paso al sorteo o insaculación donde resultaron seleccionadas 2 mujeres, una de ellas como Presidenta del Instituto y dos hombres.

Este proceso legal nuevamente causó animadversión entre muchos especialistas y políticos de distintos colores, ya que algunos los Consejeros que salieron insaculados y que, por lo tanto, fungirán en el cargo en el periodo que abarca del 4 de abril de 2023 al 3 de abril del 2032, incluyendo a su presidenta, fueron acusados, nuevamente de estar ligados al partido del presidente López Obrador, lo que podría violentar los principios legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad.

Conforme lo previsto en la convocatoria respectiva y en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el pasado 3 de abril del 2023 los consejeros electos tomaron la protesta de ley respectiva, 3 de ellos como integrantes y como su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien según su curriculum cuenta con 28 años de experiencia en materia electoral y fue presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, siendo la primera mujer en la historia de nuestro país en ocupar este cargo; sin embargo, no estuvo exenta de ser señalada por tener vínculos cercanos al Presidente López Obrador, ya que varios de sus familiares tienen negocios con el gobierno federal, son funcionarios públicos federales y ocupan cargos de elección popular bajo las siglas de MORENA.

Por su parte, Rita Bell López Vences se desempeñó como Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y fue observadora electoral en diversas elecciones, tanto de nuestro país, como en elecciones en otros, fue catedrática y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Jorge Montaño Ventura tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y se desempeñaba como Fiscal de Delitos Electorales, Consejero Electoral Local y Magistrado Electoral Presidente en el estado de Tabasco, que como todos sabemos es un estado en donde el actual Secretario de Gobernación fue Gobernador Constitucional bajo las siglas de MORENA, por lo que ha sido señalado como un alfil del funcionario que hoy es señalado como precandidato a la Presidencia de la República y uno de los más cercanos al Presidente López Obrador.

Por último, resultó electo Arturo Castillo Loza quien cuenta con una maestría en Sociología y Psicología por la New York University, fue Coordinador de Asesores del INE en el año 2008 y fungió como integrante del equipo de trabajo del actual magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación José Luis Vargas, quien en múltiples ocasiones ha sido acusado de dictar sus determinaciones en favor de los intereses del Movimiento de Regeneración Nacional. Estos cuatro consejeros reemplazan a un órgano colegiado que, si bien es cierto, realizó su trabajo de una manera eficaz y eficiente, no estuvo exento de acusaciones de parcialidad y de actuar en contra de los intereses del presidente López Obrador, sin embargo, en la mayoría de los procesos electivos que les tocó organizar salieron avante y los mismos transcurrieron sin violencia y con un alto grado de legitimidad, incluyendo el proceso electoral del año 2018, en donde el actual Presidente de la República resultó electo.

Los consejeros que ahora se integran al Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrán una gran responsabilidad en sus manos porque de las decisiones que vayan tomando durante el desempeño de su encargo dependerá que la confiabilidad ganada por quienes los antecedieron se mantenga e incluso crezca, del trabajo que desarrollen dependerá que los ciudadanos sigan confiando en que su voto será válido y tomado en cuenta y que el esfuerzo que realizan por acudir a la casilla valga la pena.

Este tipo de organismos nunca han estado fuera de ser conformados a través de cuotas partidarias, incluso dos integrantes del Partido Acción Nacional se desempeñaron como Consejeros Electorales en el antiguo IFE, Santiago Creel Miranda, hoy Diputado Federal, ex Secretario de Gobernación con el expresidente Vicente Fox y hoy precandidato a la Presidencia por las siglas del blanquiazul y Juan Molinar Horcasitas quien se desempeñó en diversos cargos en el Gobierno panista de Felipe Calderón y en otros dentro del propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Por lo anterior, no debe sorprendernos que en esta ocasión otros partidos hayan impulsado ciudadanos afines a su instituto político, sin embargo, no se les puede juzgar o vetar por el solo hecho de estar ligados a personajes que militen en un partido político, ya que de hacerlo así estaríamos incurriendo en una discriminación por razones de parentesco.

Esperemos que los 4 consejeros electos actúen con imparcialidad y autonomía en sus decisiones y que desempeñen sus cargos de forma profesional y apegada a los principios constitucionales y a los principios rectores del derecho electoral, de no ser así, tanto los ciudadanos como los partidos políticos que no estén de acuerdo con las determinaciones que emita el nuevo consejo o que desde su punto de vista consideren que se violaron sus derechos, tendrán el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tendrá la tarea y la responsabilidad de garantizar que el trabajo desempeñado por este nuevo órgano colegiado se lleve en concordancia con la Constitución, Tratados y Convenciones Internacionales y las distintas leyes en la materia.