Corrupción y Políticas Públicas: combinación peligrosa.

Laboratorio Político 23 de noviembre de 2020 Por Héctor Ramón Alonso Vázquez
Articulo de Héctor Ramón Alonso Vázquez.
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La corrupción, o en términos generales: el uso arbitrario de una posición de poder público o privado en beneficio propio, y en especial la corrupción política, que es el abandono de la voluntad del servicio común por parte de los gobernantes[1] en favor solo de sus intereses individuales o de grupo, son ya términos muy comunes en el día a día de la política mexicana. 

El tema no es para menos, pues millones de dólares públicos se han desviado a través de los distintos mecanismos de este problema político y social. Y además, buena parte de las pasadas el elecciones federales de 2018 fueron condicionadas y definidas en favor del actual gobierno por este peliagudo tema de la agenda pública. 

En este tema hay abundantes lecturas de múltiples disciplinas, y al menos desde el lado de la Ciencia Política y las Ciencias Sociales muchos autores han tratado de pensar en sus causas y en cómo limitarla de la manera más efectiva, pues hay evidencia contundente de que es perniciosa para la esfera social y que se mantiene gracias a las múltiples redes de colusión de intereses de la esfera política. 

Por lo cual el objetivo de esta brevísima reflexión es ofrecer algunos esbozos de cómo esta ópera en el escenario público y qué incentivos la hacen perdurar en las decisiones de política pública, y por tanto también dar algunas pistas para limitarla a través de la pedagogía cívica y política. Si esto se logra el lector tendrá una guía mínima de que aspectos exigir al momento de acudir a las urnas el año siguiente. Veamos. 

Primero, la actividad política es una en la cual los seres humanos pretenden regular el conflicto a través de decisiones que se consultan en un sistema de representación popular y que resultan aplicables para todos los miembros de una comunidad. Incluso si hay tensiones y disputas, la actividad política legitima y confiere la capacidad de aplicar tales decisiones por la fuerza de ser necesario para conservar el orden, la justicia y la paz social.      

Ahora bien, como nuestras sociedades son plurales y desiguales, la política al encargarse de gestionar el conflicto entre los grupos humanos, también tiene que aplicar programas basados en decisiones políticas para solventar muchas carencias y necesidades de la sociedad. A estos programas concretos de acción política que implementan los distintos gobiernos, los conocemos también como políticas públicas. Pues estas son un conjunto de decisiones –y también de no decisiones– que se toman desde el Poder Ejecutivo o el gobierno sobre un problema público en concreto, como la violencia, servicios públicos ineficaces, la salud y educación pública, por mencionar solo algunos de entre miles de problemas públicos.   

Con esto en mente, podemos suponer entonces que este tipo de decisiones sobre los problemas públicos no son nada fáciles de pensar, tomar y ejecutar. Pues al ser los recursos limitados las decisiones tienen que tomarse por necesidad entre un mar de inconvenientes y además, la propia posición del Poder Ejecutivo (desde los presidentes municipales, gobernadores y el presidente dela república) implica la posibilidad de redistribuir beneficios e imponer costos al momento de diseñar y tomar las decisiones de política pública. 

 Al respecto, en México la combinación de corrupción y política pública siempre ha sido una combinación perniciosa. Pues las políticas públicas encargadas de paliar problemas gravísimos como la pobreza, la desigualdad y la salud pública, han servido a distintos gobiernos para distribuir beneficios condicionando los apoyos económicos y sociales a cambio de apoyos electorales. Es decir, que las políticas públicas han servido muy bien para generar clientela política y muy mal para paliar los problemas públicos a través de instituciones públicas que garanticen derechos sociales universales. 

Este es un problema que ningún gobierno nacional a la fecha ha abordado con seriedad. Pues como se piensa en ganar elecciones la atención hacia las soluciones efectivas de los problemas públicos pasa a un muy soterrado segundo plano. Por lo cual exigir la universalización de políticas sociales, por ejemplo en contra del desempleo, o la precariedad en la atención de la salud pública, es una forma de salir de la mera lógica del cálculo electoral con el cual se motivan casi todos los actores políticos en los tres niveles de gobierno. 

En conclusión, el tratar al ciudadano como sujeto de derechos humanos universales donde se cuenten entre estos, el derecho a instituciones y políticas públicas de calidad, y no como un mero votante cuyas carencias entran en la lógica corrupta del intercambio de favores, es un paso esencial para identificar que se debe exigir a los políticos que piden el voto. En suma, más vale cuestionarles el siguiente año sobre si en sus agendas esta como prioridad la construcción de políticas basadas en derechos y no en burdas clientelas electorales. 

 [1] Villoria (2006:144)

Héctor-minHéctor Ramón Alonso Vázquez.

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