Familia, pobreza y movilidad social

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares, aproximadamente 89.4 % de los hogares en México son hogares familiares. Esto significa que en 9 de cada 10 hogares viven al menos dos personas que mantienen una relación de parentesco. Es decir, la gente en México vive en familia.

El otro 10 % de los hogares, si bien no son familiares, incluyen a personas que provienen de una y muy probablemente, en alguna medida guardan alguna relación con sus parientes. Quizá los visitan para comer de vez en cuando; mantienen comunicación; acuden en situaciones de necesidad; incluso, apoyan al sustento de su familia que vive en otro hogar. La familia es más que el hogar.

Uno de los problemas más importantes en México es el de la pobreza y la movilidad social. De acuerdo con Rodolfo de la Torre, la pobreza consiste en la privación de aquello que es indispensable para llevar una vida digna y libre. En México, la medición multidimensional de la pobreza, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), muestra que el 41.9 % de la población es pobre. Esto significa que no tiene ingreso suficiente para adquirir al menos la canasta alimentaria básica en un mes y, además, al menos sufre una carencia de un derecho social.

Otro de los problemas más importantes es el de la casi nula movilidad social intergeneracional. Esto significa que las probabilidades de que los hijos de una familia pobre dejen de ser pobres es muy baja. Lo anterior sugiere que las familias seguirán como están; y están pobres.

La crisis del COVID-19 agravará esta situación; el propio CONEVAL advierte que las condiciones económicas actuales pueden derivar en el incremento de al rededor de 10 millones de nuevos pobres. En el transcurso de la contingencia sanitaria y económica, muchas familias verán disminuidos sus ingresos y perderán ciertos servicios y bienes que les permitían ejercer sus derechos sociales y económicos. Los problemas sociales se agravarán.

Ante esta situación, los gobiernos tienen la obligación de realizar acciones, tanto de gasto público, medidas financieras, producción de bienes y servicios públicos y cambios estructurales que impidan el aumento de la población en pobreza. Las empresas, por su parte, comparten la responsabilidad de adoptar medidas que reduzcan los impactos negativos en la economía familiar. Sólo con políticas, tanto públicas como privadas, será posible salvaguardar el ingreso de los trabajadores, lo que en buena parte contribuye a mantener la cohesión familiar y, por consiguiente, social.

Las políticas familiares y con perspectiva familiar parten del reconocimiento de que las personas integran familias. De ahí que las intervenciones, tanto pública como privada, deben tomar en cuenta que las afectaciones a una persona repercuten en su familia. Asimismo, esta perspectiva reconoce, tal como lo han hecho los organismos internacionales, que la familia es la célula básica de la sociedad.

Ante la crisis, las políticas y la perspectiva familiares son un medio con el que cuentan tanto los gobiernos como las empresas para promover el desarrollo de los ciudadanos y el bienestar de sus colaboradores, que son el elemento más importante de cualquier empresa. Hoy, la situación social exige respuestas para mitigar los daños de la pandemia; a la par, resulta necesario revisar las condiciones estructurales que mantienen pobres a las familias en situación de pobreza. En estos esfuerzos, ninguna familia puede quedarse atrás; por el bien de la persona y el bien de la sociedad.

Familia, pobreza y movilidad social

Artículo de Francisco Solís para PolíticArte