La gran corrupción y los Presidentes de México.

Hace algunos días el destacado antropólogo mexicano Claudio Lomnitz escribió un artículo divulgativo sobre la corrupción política en México[1], en el cual la premisa central era que esta no podía “barrerse” ni de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba como una escalera, debido a las complejidades organizativas de la propia corrupción política en México. 

De forma más que acertada Lomnitz (2020) menciona que: “el actor corrupto construye una red difusa de influencia que no se parece a una escalera, con el presidente de la República en la cima. Es más, en la medida en que la corrupción tenga como condición la competencia interpartidista y el presidente dependa de que sus partidarios retengan sus escaños en el Congreso y ganen elecciones locales y federales, esta clase de corrupción no puede ser “barrida” por el presidente.” 

Lomnitz da en el clavo cuando describe la complejidad organizativa de la corrupción política, empero, porque está más que parecerse a una escalera movil que sube y baja se parece más bien a una compleja red con múltiples nodos de actores –públicos y privados– que pueden corromper o corromperse. Y por tanto cualquier presidente tiene una titánica tarea que escapa de sus manos al momento de frenarla o intentar combatirla siquiera. 

Sin embargo, a pesar de compartir ese argumento como una premisa general, discrepo profundamente en que los presidentes y con ellos sus gabinetes o equipos de trabajo no importen demasiado al momento de combatir a la corrupción. Pues mucho pueden hacer para bien y para mal al respecto. Me explico a continuación. 

En México, el reflejo mostrado a través de la revisión de múltiples casos de corrupción, es que la gran corrupción política que es: el tipo de corrupción que implica a un selecto y reducido grupo de políticos o funcionarios de alto nivel que transan favores y beneficios que pueden traducirse en negocios ilegítimos multimillonarios con otro reducido número pero poderoso de socios privados. Es un tipo de corrupción que ha sido promovido o auspiciado de facto a través de las cúpulas presidenciales. 

Y si bien, en el fondo –tal como critica Lomnitz– es muy cuestionable la postura del Presidente actual de que el ejemplo honesto es el arma más poderosa para limitar la corrupción de alto nivel, el presidente puede hacer mucho para facilitarla pesar de las vicisitudes políticas y electorales de las cuales depende su cálculo político. Y esto es así porque el Poder Ejecutivo es un actor institucional fundamental para desplegar en múltiples casos una oferta corrupta, que al mezclarse con demandas iguales de ventajas corruptas por parte del sector privado –como en el caso Odebrecht– facilitan en primer lugar múltiples oportunidades de corrupción[2]. 

Además de la real-política;

1) los incentivos corruptos que se ofertan desde el gobierno o la presidencia;

2) la demanda de tratos ventajosos e ilegítimos por parte de socios cercanos; y

3) la inefectividad institucional para controlar a tales incentivos específicos de corrupción presidencial,

son tres elementos esenciales que forman parte de los mecanismos que producen los casos de alta corrupción nacional. 

¿Entonces en dónde está el dilema presidencial?

El dilema es que el presidente que es un político poderoso en el Régimen político actual por su porcentaje de votación obtenido en la elección de 2018, por sus facultades de acción real sobre la organización de la administración pública, y por su mayoría legislativa–, tiene en sus manos una posición de liderazgo privilegiada para hacer que los contrapesos institucionales-estatales a las decisiones arbitrarias de la institución ejecutiva se fortalezcan y funcionen, al momento en el que se cruzan la esfera pública con la privada, para producir un bien público o servicio. 

El problema, es que ningún presidente, ni el actual ni los que le antecedieron han impulsado amplias coaliciones de reforma para garantizar que los controles institucionales estatales, los autónomos del Estado como el estancado Sistema Nacional Anticorrupción– y mucho menos la reforma Judicial funcionen fuera de la lógica del cálculo político federal en turno.

Las consecuencias de esto saltan a la vista, un Estado mexicano débil presa de fuertes intereses corporativos públicos y privados. Y sobre todo lleno de altos costos sociales –como la pobreza y la violencia bruta padecida en estas últimas dos décadas–, que tienen como horrenda cara de presentación la impunidad. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación y el Poder Judicial Federal tienen a la fecha[3] un muy magro record como procuradores de rendición de cuentas pues: solo hay en veinte años 1,035 denuncias judicializadas, de las cuales solo 22 han terminado en sentencia y de esas solo 14 han sido condenatorias. 

¿Sabe usted de esas personas implicadas que alguna haya sido un alto funcionario político o cercanísimo colaborador de algún expresidente? No.

Porque en México ningún alto funcionario Ejecutivo ha tenido ninguna penalidad severa que lo condene a él y de paso incrimine a sus exjefes presidenciales. 

Esto es posible porque la ASF que responde al legislativo, y la Secretaría de la Función Pública que responde al Ejecutivo son instancias que “administran” los agravios de la gran corrupción que de seguro conocen y solapan los presidentes y sus colaboradores inmediatos, y que por eso mismo los salvaguarda de la investigación y de los castigos. 

¿Cómo cambiar esta situación?

Pues desde la sociedad. Está en las manos de los ciudadanos no tolerar tales agravios y al menos elevar el costo político de los Presidentes corruptos y sobre todo de las aspiraciones políticas de sus socios, tal como pasó en 2018 que el electorado voto al retador cuya principal narrativa era y es el discurso anticorrupción. Pero que ahora falta exigir que pase a la acción.  

En conclusión, no es que los presidentes no importen al momento de controlar la gran corrupción política en México. Al contrario importan y mucho. Y mucho más importa desde la sociedad el controlarlos y exigirles que fortalezcan las instituciones estatales y judiciales, pues son las únicas que pueden castigar el expolio millonario derivado del abuso político del poder, y así limitar mejor a la gran corrupción. 

 
[1]“La Corrupción no se barre como una escalera.” Revista Nexos, (01/01/2021), disponible en:  https://www.nexos.com.mx/?p=52103&fbclid=IwAR2O0u5RzQa1FE9dPiMyeqF0vZvCBHfLQXg3j1N4gQZpS1iaq3iAvIC6gRk consultado el 04 de enero de 2021.
[2] Idea que se desarrolla a fondo en el texto de Susan Rose Ackerman  y Palifka (2016) “Corruption and Goverment.”
[3] “En 20 años, ASF logra sólo 14 sentencias condenatorias.” Milenio (04/01/2021), disponible en: https://www.milenio.com/politica/asf-logra-14-sentencias-condenatorias-20-anos?fbclid=IwAR07dj9iqwH08h6etO2gvC8GTg8Y_CFT3KENXi5E2fBpYPCH6oTFUpf8OwU  consultado el 04 de enero de 2021.

La gran corrupción y los Presidentes de México.

Artículo del Dr. Héctor Ramón Alonso Vázquez para PolíticArte