Es así que es posible observar el desgaste del sistema democrático y sistema de partidos en nuestro país y en democracias incluso consideradas como sólidas y avanzadas como la de Estados Unidos. Por lo que, si bien existen innumerables retos en este sistema, ha sido probado que es el único viable, en palabras de Churchill

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

Por lo que, en orden de fortalecer este sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de la ciudadanía a elegir y controlar a sus gobernantes, es necesario fomentar la participación ciudadana en la estricta vigilancia de quienes aspiran a gobernar y, una vez que éstos entren en funciones, en el ejercicio de su responsabilidad.

En palabras de Efraín González Luna “La acción política es eminentemente ética; la moral rige a la política y al político más que al individuo privado y que a la conducta individual.”

Esta afirmación pronunciada desde 1940 en el México posrevolucionario sigue funcionado como advertencia para quien aspire a la función pública.

Por lo que, tanto los partidos políticos -quienes impulsan la mayoría de las candidaturas-, como la ciudadanía, tienen la enorme responsabilidad de, por un lado, postular a personas no solo preparadas, sino honestas y por otro, la ciudadanía, tiene la responsabilidad de elegir a quienes tengan estas características. 

Para lograr esto, es necesario también contar con candados para asegurar que los partidos postulen a personas con el perfil antes descrito. Ejemplo de ello es el el “3 de 3 contra la violencia”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de noviembre, el cual trata de una política pública de cero tolerancia a la violencia. Para lo cual quienes aspiren a uno de los 21 mil 368 cargos que se definirán en la elección del próximo 6 de junio, deberán llenar un formato obligatorio en el cual deben firmar, de buena fe, que no están condenados o sancionados por tres tipos de violencias que afectan, principalmente, a mujeres y niñas: agresiones familiares o domésticas, delitos sexuales o deber dinero en la manutención de sus hijos.

Así mismo, Adriana Favela, Consejera Electoral del INE explicó que “si un candidato firmó ese formato a sabiendas de que tiene un proceso judicial pendiente, o un historial de violencia confirmada por alguna autoridad jurisdiccional, su nominación sería revocada”.

Además, de acuerdo con la catedrática de Derecho de la UNAM Jessica Rojas en entrevista para EMEEQUIS, si la persona candidata miente en el formato y llega a ser beneficiado con el voto popular y se descubre que es un violentador, es posible iniciar un proceso destitución, convocar a una elección extraordinaria y según sea el caso, fincar responsabilidades en el ámbito civil o penal.  

Es momento ahora de asegurarnos que se cumpla pues, los nombres de los aspirantes se comienzan a confirmar y entre ellos se encuentran casos gravísimos que de ninguna manera pasarían el #3de3ContraLaViolencia, tales como el aspirante al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio, denunciado dos veces por violación, Alfonso Vázquez, profesor de la UNAM, quien busca una diputación por la CDMX, denunciado por violación o Paul Velázquez señalado por agresiones y apología de feminicidio contra reporteras entre muchos otros quienes de ninguna manera cumplirían el lineamiento de cero tolerancia contra la violencia.

Necesario seguir de cerca que los partidos eviten que personas violentas sean postuladas y que la autoridad haga cumplir estos lineamientos. En tiempo de definiciones, esta responsabilidad es apremiante. 

Candidaturas y #3de3 Contra La Violencia

Columna "Alternativas" de Daniela CId para PolíticArte