El presidencialismo y la Corte: ¿quién defiende la separación de poderes y el Estado de Derecho?

En su columna La Justa Razón, Adrián Rodríguez Alcocer analiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México, a raíz de la queja del presidente López Obrador contra un juez que suspendió una ley impulsada por él. ¿Qué riesgos implica esta actitud para la democracia y la división de poderes? ¿Qué papel debe jugar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante del Estado de Derecho? ¿Qué críticas se le pueden hacer a la Corte por su actuación en temas como el aborto o el matrimonio? No te pierdas su opinión y reflexión sobre este tema tan relevante para el país.

PolitizArte 24 de marzo de 2021 Adrián Rodríguez Alcocer
La Justa Razón-min

Hace muchos años, de mis primeras colaboraciones en medios grandes, escribí una opinión invitada para Mural que se llamaba “El judicialismo y la Corte”. Era una crítica fuerte hacia una tendencia que, entonces, estaba mostrando nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que empezaba a sentirse con un cierto complejo dictador. Cito: “Miguel Sánchez Morón, catedrático de la Universidad de Alcalá, decía en un artículo titulado Democracia y judicialismo (publicado en El País) que el hartazgo hacia los políticos y la falta de representatividad del Poder Legislativo había convertido a los jueces en una especie de superautoridad que, al forzar el cumplimiento de la ley, mantenía el Estado de Derecho y limitaba los abusos de los otros poderes.

Esto estaba vinculado con una teoría que afirma que, como el producto de la democracia es la ley, y el juez es el encargado de aplicarla e interpretarla, éste queda justificado en todas sus actuaciones. Pero al momento de sujetar al juez al cumplimiento de la ley, se entraba en una "pirueta constitucional" en la que el juez dejaba de obedecer a la ley para obedecer a la justicia; y así se pasaba del Estado de Derecho al Estado de Justicia, en el que el juez y las cortes son soberanos incontestables.” [1]

La crítica, como se ve, consistía en objetar la vulneración que hacía la Corte a la división de poderes y a los pesos y contrapesos que deben existir entre ellos, especialmente manifestada en la insistencia de los ministros de reescribir las normas e, incluso, de forzar a determinados congresos a escribir normas según sus designios (como lo que está pasando con el Congreso de Yucatán y el tema de la definición del matrimonio) [2].

¡Benditos días! Al menos, el judicialismo mexicano era un síntoma esperable de la paulatina consolidación democrática y el desmantelamiento, ley por ley, artículo por artículo, del presidencialismo al que estuvimos sometidos por tantos años. Al menos estar a merced de once es (muy poco) mejor que estar a merced de uno solo.

Y ahora, siete años más tarde, siento la necesidad de denunciar otra vez la vulneración a la separación de poderes y a los pesos y contra pesos, pero esta vez a costa de la Corte y, en realidad, de todo el Poder Judicial Federal, encarnado en sus jueces que desempeñan la importante labor de materializar las normas que nos protegen a todos los ciudadanos de los abusos de los poderosos.  La “queja” del Presidente en contra de un juez de primera instancia que concedió una suspensión provisional en contra de una ley propuesta por él, y la vergonzosa respuesta del presidente la Suprema Corte parecen ser una máquina del tiempo que nos transporta al sistema político de los mejores años de la Presidencia Imperial.

Las críticas a la SCJN, como la que hacía en 2014 y que ya citaba ejemplos como en los que se ha escudado el presidente para justificar su actuar, son muchas y válidas. Su alto costo, su ineficiencia, sus decisiones altamente cuestionables… y esa terrible pretensión de convertirse en un súper legislador que impone una agenda ideologizada por encima de una interpretación auténtica del Derecho (como en el tema de aborto), por decir algunas.

Pero hoy no podemos perder de vista que un país con una Corte que se excede en su independencia y es cuestionada por ello es mucho, mucho, mejor, que un país en que el presidente de la Corte es más bien el Secretario de Justicia y los ministros empleados de la presidencia.

México necesita un poder judicial eficiente, honesto, creíble, y, sobre todo, independiente. Y hoy, a pesar de todo, nos toca ser aliados de esa Corte que tanto cuestionamos, al menos en lo que toca para garantizar que el país que queremos no desaparezca en la bocaza de un presidente salido del Siglo pasado.  


 
[1] http://www.infotecnia.mx/e-news/nl_img.php?l=2e2e2f652d6e6577732f7265636f727465732f706f7274616c65732f31303231343234&id_nota=1021424&tipo_medio=w


[2] https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/18/pleno-de-scjn-resolvera-amparo-contra-congreso-de-yucatan-que-rechazo-el-matrimonio-igualitario/

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