Articulo: Proceso Constituyente en Chile. Antecedentes históricos y la realidad actual. 

Tengo fe en Chile y en su destino. 

Superarán otros hombres este momento gris y amargo 

donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes 

sabiendo que, mucho mas temprano que tarde, de  

nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pasa el 

 hombre libre, para construir una sociedad mejor.  

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!  

Parte del último discurso de Salvador Allende 

Transcurría el año de 1970 cuando Salvador Allende, político de orientación marxista ganaba democráticamente una elección constitucional, siendo el primer gobernante abiertamente comunista en acceder al poder mediante el voto popular y a través de las instituciones democráticas que para ese efecto establecía la Constitución Chilena de 1925.  

Este periodo de gobierno se caracterizó por un auge reformista pero también por una fuerte crisis económica, debido al fuerte incremento de la inflación que dio como consecuencia una grave convulsión social entre la población. El plan de Salvador Allende era establecer un gobierno socialista, programa que se alejaba del de varios países de la región pero que estaba legitimado por el voto ciudadano y por el Congreso que avaló la legalidad de la elección a través de los votos de los diputados de la corriente demócrata cristiana que se decidieron por la legalidad y no por la imposición, ya que contaban con la fuerza suficiente para bloquear a quien había tenido la mayoría en las urnas, pero en un acto de congruencia política decidieron avalar a quien había sido electo democráticamente. 

Además de la fuerte crisis económica, este gobierno tuvo que enfrentar a grupos de extrema derecha que hacían todo para terminar con su mandato y llevaron a cabo diversos atentados contra instalaciones estratégicas y asesinatos de personas cercanas al Presidente, apoyados y financiados por la CIA estadounidense, que en el contexto de la Guerra Fría, tenia entre sus prioridades detener a como diera lugar el avance del comunismo internacional y quien hace apenas unos meses desclasifico los archivos secretos de ese entonces quedando demostrado su vergonzoso papel en esta etapa histórica del país Chileno. 

Es así como llegamos al 11 de septiembre de 1973 en que el comandante en jefe del ejercito de Chile, General Augusto Pinochet, violando la Constitución, sin respetar la voluntad popular y extinguiendo el Estado de Derecho,  ordena tomar el control del país y bombardear el Palacio de la Moneda donde el presidente Allende se suicidaría después de dar un mensaje a la nación, marcando así el final del gobierno de Unidad Popular, que con errores y aciertos en su actuación había sido electo por el voto ciudadano y sería depuesto a través de la fuerza de las armas dejando a un lado la fuerza del sufragio popular. 

A partir de este momento Chile viviría muchos años entre las fauces de una dictadura militar que no respetaba los derechos humanos, el Estado de Derecho, la Constitución, ni las mas elementales normas democráticas para vivir en sociedad. Desde el primer día miles de estudiantes, campesinos y trabajadores fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por el régimen militar por el solo hecho de tener ideas distintas a la dictadura, unos partidos políticos fueron declarados proscritos y otros suspendidos, el Senado fue disuelto. En lo económico habría un cambio total y radical, pasando de una economía socialista a un fuerte control neoliberal donde se privatizaron las empresas públicas pasando a manos privadas y extranjeras. 

Después de muchos años en el poder, el General Augusto Pinochet promulga la Constitución de 1980, en la que se proclamó que en 1988 se llevaría a cabo un plebiscito para determinar si el dictador debía continuar en el poder por un periodo de 8 años mas. Este proceso fue sumamente complicado ya que la oposición no podía hacer campaña con las mismas ventajas con que contaba la estructura gubernamental, no estaba incluida en los trabajos para llevar a cabo dicho plebiscito y la Junta Militar asumió las funciones legislativas y electorales, controlando así todo el proceso para favorecer al dictador. 

Por momentos se creía que este proceso se empantanaría y no podría llegar a buen puerto, sin embargo, varios partidos políticos identificados con diversas ideologías deciden sumarse al proceso y participar en la transición que establecía la Constitución, dándole certeza jurídica y legitimando el plebiscito. Es así como se echa a andar el proceso mediante el cual los chilenos deciden que Augusto Pinochet no continuase en el poder y por lo tanto se llevaran a cabo elecciones para elegir nuevo presidente y un nuevo órgano legislativo. 

Es así como en 1989 es electo Patricio Aylwin como presidente de la República y de la misma manera es electo el nuevo Congreso Nacional, quien seria el encargado de llevar a cabo un paquete de mas de 50 reformas a la Carta Magna. Cabe destacar que la mayoría de las fuerzas políticas legitimaron el proceso, sin embargo, una parte importante de la sociedad chilena siempre ha reclamado su validez, ya que, según su dicho, no todos los sectores sociales fueron tomados en cuenta para la construcción de esta importante norma fundamental y objetan la eficacia de esta Constitución por considerar que Augusto Pinochet, al haber tomado el poder a través de un golpe de estado, no estaba legitimado para realizar este proceso. 

Durante años la Constitución no había podido ser modificada, ya sea por candados implementados por el constituyente o por el veto de grupos políticos que no permitían alcanzar la mayoría necesaria para realizar modificaciones. Debido a lo anterior durante un largo periodo solo hubo pequeñas reformas sin trascendencia que fueron menoscabando las instituciones democráticas, derivando con ello que gran parte de la población se viera afectada día con día.   

Ya con el Presidente Ricardo Lagos la Constitución fue modificada en múltiples ocasiones, priorizando los temas políticos sobre los sociales, en 2005 se hicieron 54 modificaciones mediante las cuales se eliminaron artículos que eran considerados sumamente autoritarios, como la desaparición de los senadores vitalicios y los 9 designados por el ejército además de la inmovilidad de los jefes de las fuerzas armadas.  

La Constitución de 1980 determina que el estado tendrá un papel subsidiario, es decir, el gobierno solo interviene en caso de ser necesario, siendo garante de la consecución de los derechos fundamentales, sin embargo, la dictadura nunca lo hizo y dejo que el sistema se corrompiera y dejara de ejercer su función subsidiaria en favor de los mas desprotegidos, con lo que generó que se eliminara el sentido de solidaridad, ya que quien más tiene es mejor atendido, quien menos tiene accede a lo peor del sistema. Esto genera que día con día el sistema público de salud tenga mas carencias y que el sistema privado determine tarifas y cuotas abusivas inalcanzables para las clases mas desprotegidas. 

Lo mismo ha pasado con el sistema educativo, al no haber intervención del estado, el sistema público queda abandonado y la calidad desaparece en detrimento de quienes no cuentan con los recursos necesarios para pagar colegios privados, quienes se aprovechan para cobrar altas colegiaturas dejando a la mayoría sin oportunidad de acceder a una educación de calidad. Pero el problema no termina aquí, ya que en el caso de la educación universitaria, la mayoría de los estudiantes, al terminar su carrera quedan endeudados por muchos años por haber adquirido un crédito denominado “Crédito con Aval del Estado” que los mantiene comprometidos a altas tazas de interés que en muchos casos resultan impagables.  

A diferencia de las constituciones de otros estado democráticos, la Constitución chilena no contempla que los trabajadores tengan derecho a huelga, con lo que estos quedan sin alternativa para defender sus derechos contra los abusos de los que son víctimas, es decir que la Constitución mencionada deja en estado de indefensión a los trabajadores. 

En el caso de las pensiones para el retiro pasa exactamente lo mismo, los derechohabientes están obligados a contratar fondos privados a través de la Administradora de Fondo de Pensiones para acceder a su ahorro, pero estos fondos cobran altas cuotas en detrimento del ciudadano y al no haber candados controlados por el estado la consecuencia es el abuso en contra del contratante, quien es afectado en algo tan primordial como su jubilación.  

Pocos sistemas políticos en el mundo requieren de cuatro séptimas partes de quórum para aprobar leyes en materia de Educación, Organización del Congreso, Elecciones, Fuerzas Armadas y Policía. Es así como Augusto Pinochet pudo contener reformas que pudieran afectar las leyes que le interesaba que no sufrieran modificaciones. Así mismo este problema se detecta en las reformas constitucionales, en donde para realizar modificaciones se requieren de quórums que imposibilitan llevarlas a cabo en detrimento de la institucionalidad democrática.  

Analistas como el abogado chileno Javier Couso, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile y de la Universidad de Utrecht de los Paises Bajos, consideran que la actuación del Tribunal Constitucional Chileno es por decir lo menos atípica, ya que es uno de los pocos lugares en el mundo en el que un Tribunal determina que leyes son constitucionales y cuales no lo son antes de ser aprobadas por el Congreso, a diferencia de la mayor parte del mundo en donde las leyes son analizadas después de ser aprobadas y promulgadas. En el caso que nos ocupa genera que haya un sobre poder de veto de un tribunal que se considera de ideología de derecha y que sólo ve por los intereses del dinero y de los poderosos.  

En abril del 2015, la ex presidenta Michelle Bachelet, anuncia que implementara un Proyecto de Nueva Constitución a través de un proceso constituyente para sustituir la Constitución de 1980, pero es hasta 5 días antes de terminar su mandato que presenta un proyecto que se queda a medias y que tendría que ser pospuesto hasta que sucedieron los hechos del 2019. 

En octubre del año 2019 se desata la peor crisis política y social de los últimos 30 años, manifestaciones masivas de estudiantes, trabajadores y ciudadanos detonaron debido al aumento de 30 pesos chilenos en el transporte público. Al ir avanzando los días los manifestantes corearon el lema “no son los 30 pesos, sino los 30 años”, incrementando sus demandas y pidiendo un cambio de sistema político y económico mas acorde a la realidad social actual, provocando con esto un acuerdo político encaminado a la generación de una nueva Constitución y así abrogar la de 1980.  

Lo que llama la atención tanto en el país como a nivel internacional es que son los pocos movimientos sociales tienen entre sus prioridades y peticiones el establecimiento de una nueva constitución, lo que le dio mayor legitimidad a la revuelta. Este movimiento social cobró relevancia internacional ya que el gobierno en turno encabezado por el Presidente Sebastián Piñeira lejos de negociar y llegar a acuerdos con los manifestantes, prefirió el uso desproporcionado de la fuerza en contra de ellos generando denuncias por homicidios, desapariciones, abusos sexuales, torturas y lesiones de distinta gravedad.  

Esta situación generó que organizaciones internacionales como la de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Human Right Watch se manifestaran a favor de la protección de los manifestantes por parte del Estado, documentando diversos abusos de las fuerzas policiales, comprobando incluso lesiones graves en los ojos de decenas de manifestantes donde algunos de ellos incluso perdieron la vista.  

Estas grandes movilizaciones ciudadanas no pudieron ser contenidas y se desbordaron, dando como resultado un acuerdo entre los estudiantes, trabajadores y población en general con el gobierno y con los partidos políticos tradicionales. Si bien es cierto, la mayoría de los ciudadanos no confiaban en estos entes políticos decidieron sumarse, iniciando así el proceso constituyente para la formación de la nueva constitución.  

El proceso constituyente da inicio a través de un “plebiscito de entrada” que se desarrolló en octubre de 2020, este contenía dos preguntas muy concretas: “¿Quiere usted una nueva Constitución? ¿Aprueba o Rechaza?” y “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? ¿Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional?”. El resultado fue abrumador: 78% de los votantes decidieron aprobar la construcción de una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional. 

En mayo de 2021 casi 15 millones de personas tuvieron el derecho de elegir a 155 representantes para la Convención Constitucional de entre 1268 candidatos que participaron en el proceso. Tendrán la responsabilidad histórica de redactar la nueva Carta Magna de Chile, electos bajo un mecanismo que garantizó la paridad de genero en un 50% de espacios para las mujeres y un 50% de espacios para los hombres. Los miembros electos tendrán de 9 a 12 meses para presentar el nuevo texto constitucional y por último en 2022 se llevará a cabo un “plebiscito de salida” para aprobar o rechazar la propuesta presentada. 

 Luego de una jornada electoral histórica de los constituyentes, los resultados sorprendieron a más de un analista político, ya que los candidatos independientes resultaron triunfadores y se llevaron 48 escaños, lo que exhibe el hartazgo del pueblo chileno hacia los partidos políticos tradicionales y significa un cambio muy importante en la postura ideológica de la sociedad. Por su parte el partido en el poder de ideología de derecha se llevo 37 escaños, muy lejos de alcanzar los 52 que le darían el derecho de veto para frenar propuestas y artículos, obligando a la búsqueda de consensos con todas las fuerzas representadas. Los partidos identificados con la izquierda radical obtuvieron 27 y los partidos de centro izquierda obtuvieron 25, por último 17 escaños fueron reservados para los pueblos originarios.  

 En esa jornada electoral además de los representantes para la constituyente, por primera vez en la historia chilena se eligieron 16 gobernadores que tendrán autonomía plena, y que en el pasado eran designados por el poder central en turno, siendo uno de los dos únicos países en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) junto con Turquía que no elegían a sus autoridades intermedias. Así mismo se eligieron alcaldes y concejales para 346 comunas o municipios que integran el territorio del país.  

 La importancia de esta elección, además de la construcción de la nueva Constitución, estriba en que es un termómetro político electoral, ya que Chile esta a aproximadamente a 5 meses de llevar a cabo su elección Presidencial y las elecciones a alcaldes y concejales siempre han sido un parámetro que logra identificar las preferencias aproximadas que el votante tendrá. 

 Es de destacar el resultado que obtuvo el Partido Comunista, que por cierto formó parte del segundo periodo de gobierno de Michelle Bachelet, ya que obtuvo la victoria en el municipio mas simbólico e importante del país: Santiago. Con este resultado, sumado a mas triunfos en otros municipios, el líder de este partido, Daniel Jadue, quien fue reelecto alcalde de Recoleta con el 64% de los votos, se posiciona en un inmejorable lugar entre la oposición para la elección presidencial de noviembre de este año. 

 Los resultados conseguidos tanto por los constituyentes como por los candidatos de los distintos partidos políticos arrojaron algunas realidades que la ciudadanía reflejó al momento de emitir su voto, por ejemplo, el resultado obtenido por el partido en el poder “Chile Vamos”, esta concatenado directamente con la aprobación del presidente Sebastián Piñeira, quien de acuerdo a las últimas mediciones solo cuenta con el respaldo del 9% de los chilenos y una desaprobación del 74%, uno de los niveles mas altos en todo el continente. 

 El temario para el armado constitucional es abierto, en estos 8 meses los constituyentes tendrán que analizar si Chile se convierte en un Estado Plurinacional, al incluir o no a los 10 pueblos reconocidos como originarios; si se regirá por un sistema presidencial o semi presidencial; si se realizan cambios al Tribunal de Justicia; si el poder legislativo se organizara de manera unicameral o bicameral; si habrá inclusión de derechos esenciales como vivienda y acceso al agua; si se plasma la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, a igual trabajo igual salario; si el sistema de pensiones neoliberal se convierte en social; si se logra el establecimiento de la equidad de género como un principio constitucional; si el sistema de salud se reconstruye para ser mas igualitario y los que menos tienen accedan a servicios de calidad; si el sistema educativo debiera ser mas inclusivo y mas equilibrado entre la calidad de la escuela publica con la escuela privada; entre otras cosas que sin duda serán analizadas.  

 Si bien es cierto el modelo chileno ha sido considerado como un milagro económico al mantener su PIB y sus cifras macroeconómicas por arriba de la media para la región, lograr cierta estabilidad política durante varios años y reducir considerablemente la pobreza, también lo es, que su sistema altamente extractivo y neoliberal ha generado una amplia desigualdad entre las diversas clases sociales que conforman este país. Siendo considerado como uno de los países mas desiguales de la OCDE, de igual manera ha disminuido la calidad de los servicios básicos, sociales y educativos, poniendo por encima de los intereses del pueblo a los intereses macroeconómicos, lo cual ha tenido como resultado las protestas sociales que dejaron ver el hartazgo de la población contra el sistema. 

 Este proceso seguirá siendo uno de los mas interesantes que ha vivido América Latina en los últimos tiempos, vendrán días difíciles ya que la composición de la Convención, al estar conformada por diversas ideologías políticas e incluso por distintas clases sociales, dificultara los acuerdos, los constituyentes deberán poner por encima de sus intereses particulares los intereses de todos los ciudadanos de Chile.  

En las próximas semanas veremos si este proceso constituyente será capaz de resolver el fuerte descontento social y si las protestas se seguirán realizando a lo largo y ancho del país, pudiendo ser un ejemplo para otros países de Latinoamérica, que, como Colombia, están inmersos en fuertes movilizaciones sociales y que lejos de escuchar a sus ciudadanos los están reprimiendo con todo el poder del estado. 

 La nueva Constitución deberá ser mas social, mas justa y mas equilibrada para atender las demandas no solo de las clases mas desprotegidas si no de la ciudadanía en general. Deberá incluir a los pueblos originarios y reconocer sus derechos, ya que en todo el continente solo Chile y Uruguay no los toma en cuenta en su marco constitucional. 

 Esta nueva Carta Magna puede marcar un parteaguas para la sociedad chilena, pero si los constituyentes no llegan a los consensos necesarios, echarán por la borda los sacrificios que a lo largo de más de 50 años han realizado los ciudadanos libres que buscan tener un sistema mas justo, mas solidario, mas igualitario y mas digno para todos.