“Al mistificar el ejercicio del poder y el contenido del Estado, [el régimen del PRI] no [opuso] al México bárbaro de Porfirio Díaz, la democracia real, racional e histórica, sino la democracia bárbara.”
José Revueltas (1951).

Los asuntos electorales fueron, hace relativamente poco tiempo, un grave problema y una fuente de conflictos en nuestro país. Durante más de 70 años tuvimos un sistema político muy deficiente, que prácticamente era democrático sólo en el nombre, con un partido hegemónico, el PRI, que gobernó el país durante siete décadas y ocupó además la inmensa mayoría de los espacios de representación, así como los gobiernos estatales y los ayuntamientos; tal dominio se sustentaba en elecciones simuladas que organizaba el propio gobierno. Si este sistema quedó efectivamente en el pasado, si las jóvenes generaciones no están familiarizadas con ese monopolio de la representación política, esto se debe en gran parte por una serie de reformas que, a partir de 1977, transformaron por completo las reglas del juego político en México. Poco a poco, estas reformas –que se obtuvieron a costa de décadas de lucha política con respuestas brutales de represión y violencia estatal–, abrieron paso a la alternancia partidista, es decir, a que se aceptara el triunfo  de candidatos no pertenecientes al PRI. Pero, lo que es importante subrayar es que esta libertad y esta alternancia fueron posibles sólo cuando fue la sociedad, y no el gobierno, quien organizó las elecciones y contó los votos. 

Estas reformas político-electorales fueron ocurriendo de manera cada vez un poco más acelerada desde el 77, en que se reconoció el no monopolio de la representación política; luego, por la reforma del 91 y 94 que crearon al entonces Instituto Federal Electoral como principal árbitro dirigido por ciudadanos y especialistas académicos en la arena electoral; los siguientes hitos se dieron en coyunturas políticas clave como las primeras alternancias democráticas municipales y estatales y, en el año de 1997 donde el PRI pierde la mayoría de la cámara de diputados y el gobierno del entonces Distrito Federal, y las alternancias principales en el gobierno federal de los años 2000, 2012 –cuando de hecho el PRI retornó a la presidencia por un sexenio– y 2018. 

Un hecho poco subrayado en la divulgación historiográfica es el costo social de estas reformas, el costo en sangre y vidas humanas que implicó régimen priísta, del cual los casos de violencia estatal como la matanza de Tlatelolco o el Jueves de Corpus son sólo la punta del iceberg. Un recuento más informado del costo político y social de estas reformas –tal como lo han hecho Laura Castellanos en su libro México Armado (2007) o Fritz Glockner con Memoria roja (2013) y Los años heridos (2019)– debería comenzar al menos desde 1943 e incluir, por mencionar algunos hechos salientes, a la guerrilla rural del antiguo zapatista Rubén Jaramillo en Morelos (asesinado por órdenes de López Mateos); a la Caravana del Hambre de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila en 1951 (ignorada por Miguel Alemán); el Asalto al Cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 (los cadáveres de los líderes de este asalto fueron exhibidos de pueblo en pueblo por órdenes del gobernador Práxedes Giner Durán); los esfuerzos de los maestros rurales que tomaron las armas en el Guerrero de finales de los años 60, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez (en los actos de represión ordenados por Díaz Ordaz, México se convierte en precursor de los “vuelos mortales” practicados después por la dictaduras latinoamericanas en que los presos políticos torturados eran arrojados al mar); las guerrillas urbanas del sexenio de Echeverría y la Guerra Sucia, de tortura y desaparición de líderes sociales, emprendida por éste; y terminan con el asesinato de 265 militantes del PRD durante los períodos electorales locales de 1989 a 1994, documentado por la investigadora Hélène Combes en 2021. Este recuento debería enfatizar que las guerrillas rurales, más que células revolucionarias fueron inicialmente movimientos sociales pacíficos, que fueron obligados a convertirse en grupos de autodefensa por la respuesta violenta y brutal de los gobiernos locales, que llegaron incluso al asesinato y tortura de mujeres y niños.

Estas reformas son, entonces el resultado de una ardua y cruenta lucha de los mexicanos por reivindicaciones políticas y sociales. Y, si bien, en consecuencia se puede hablar hoy en día, como dijo José Woldenberg (2017) de “una germinal democracia”, es una democracia que a pesar de enfrentar durísimos retos sociales como la violencia rampante y una economía de bajísimo desempeño y poca redistribución de la riqueza, ha servido para que las elecciones sean confiables y hagan lo que se supone deben hacer: generar nuevos gobiernos y nuevas alternancias entre distintas preferencias políticas. 

Es en este punto precisamente donde tenemos que preguntarnos: si las elecciones en México, al menos en el plano federal ya no son un problema, ¿qué ganan los partidos políticos y los gobiernos en turno con continuar la inercia reformista? 

La respuesta parece ser lógica: así como, cuando se lograron las alternancias desde el año 2000, alternancias posibilitadas por la independencia de los árbitros electorales, cada uno de los partidos que llega al gobierno federal ha tratado de revertir este proceso de independencia, de recuperar el control de las autoridades electorales y de sumarlas a los intereses en turno para apuntalar el avance de sus respectivas fuerzas políticas. Propongo tomar esto como una hipótesis inevitable: el partido Morena, no es la excepción a esta tendencia, otra vez, en este gobierno se pretende repetir este intento de controlar a las autoridades electorales. 

La historia política es muy ilustrativa al respecto. En 1996 se elige el primer Consejo General del IFE, plenamente ciudadano con el ya citado José Woldenberg al frente del mismo. Este consejo organiza con éxito las elecciones alternantes del año 2000 donde gana el panista Vicente Fox Quezada. Poco después de este triunfo, el IFE investiga, ante peticiones de otras fuerzas políticas, los financiamientos ilegales en las campañas del PAN y del PRI en dicha elección, y las acusaciones se comprueban de sobra. Esto resulta en una multa millonaria a ambos partidos, los cuales emprenden una clara revancha en consecuencia pues tanto PRI como PAN impiden seguir a Woldenberg y su equipo de consejeros al frente del IFE en un periodo más. 

El siguiente Consejo, de Luis Carlos Ugalde, con un claro respaldo bipartidista del PRI y el PAN organiza las polémicas y muy disputadas elecciones del año 2006. Luego de 2006, el IFE se somete a fuertes reformas donde, a pesar de éstas, el árbitro electoral nunca logra definir consecuencias ejemplares para los propios actores políticos y sus partidos que violan la ley. Por ejemplo en 2012, el IFE fue plenamente omiso en materia de fiscalización al nunca investigar a fondo la financiación ilegal de la campaña de Enrique Peña Nieto con múltiples esquemas de apoyos ilegales emanados desde el exterior como la empresa Odebrecht y sus filiales, mucho menos sancionó a Televisa por apuntalar por medios turbios de promoción la propia figura del candidato que se convirtió en Presidente de México emanado, eso sí, y según él, del “nuevo PRI.” 

En 2014 hay otra reforma al IFE que lo transforma en el actual Instituto Nacional Electoral. Y pone al frente a su actual Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, electo por un periodo de nueve años. La “era Córdova” concreta demandas importantes en materia electoral como la sujeción de los árbitros electorales locales a estrictos procesos de selección por evaluación de méritos de sus integrantes, cosa fundamental, pues los árbitros electorales locales en muchos sentidos eran vil y cínicamente cooptados por los intereses de los gobernadores en turno que imponían a sus Consejeros y eventualmente capturaban sus decisiones. 

En este periodo del INE, también se logra llegar a la tercera alternancia tan demandada por unos y resistida por otros en la elección del 2018. El actual Presidente Andrés Manuel López Obrador arrasa con un 53 por ciento del voto contado por todos los ciudadanos funcionarios electorales. A partir de ahí el partido del Presidente gana casi todo, al grado de contar hoy con diecisiete gubernaturas y gobernar a 58 millones de mexicanos en tales estados, más los 128 millones que representa el Gobierno Federal. 

Con tan contundentes números, y no obstante el claro avance político y electoral, la era Córdova del INE demuestra que la democracia en México es una realidad y ya no un mero anhelo de las luchas democráticas de seis décadas, cuando se combatía arduamente contra el monopolio del PRI. Y si bien las instituciones electorales hacen su trabajo con plena efectividad al contar bien los votos y garantizar confianza en tales conteos y resultados, no todo implica que las cosas sean color de rosa. México sigue teniendo un sistema electoral bastante caro y muy engorroso, precisamente por el peso de la desconfianza ciudadana producto de tantos años de tropelías y agravios en la arena electoral. 

Esto último, lo pesado y oneroso, además de imperfecto del INE, parece que es el pretexto ideal para que el gobierno federal en turno busque controlar una vez más al árbitro electoral nacional y asegurar, ahora sí sin ninguna reserva, el avance de sus alfiles políticos en las arenas locales y federal. Hace pocos días, el Presidente mandó su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, que en resumen propone: transformar al INE en el INEC, o Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; elegir a 7 consejeros en vez de los 11 actuales para periodos de 6 años por voto popular, pero propuestos por los tres Poderes de la Unión; que las autoridades electorales sólo repongan procesos pero no intervengan en la vida interna de los partidos; elección popular de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igualmente propuestos por los tres Poderes de la Unión; financiamiento autorizado a personas físicas para los partidos para cubrir sus actividades ordinarias y financiamiento público proporcional a la magnitud de cada fuerza política en años electorales; anulación de la elección de 300 diputados electos por el principio de Mayoría Relativa (gana el candidato quien tenga más votos directos) y establecimiento de una sola elección de 300 diputados Federales de Representación Proporcional por el principio de listas votadas (aún cerradas y bloqueadas, es decir al arbitrio de los partidos y sus métodos de selección de candidatos internos); misma reducción de senadores, de 128 a 96 electos por Representación Proporcional en una sola elección de listas votadas; un mínimo de 15 diputados locales y un máximo de 45 en proporción al número de habitantes de los estados; y plena federalización de las elecciones al desaparecer los actuales árbitros locales conocidos como OPLES Órganos Públicos Locales Electorales (creados desde 2014).       

La reforma propuesta es todo menos superficial. En el fondo plantea una serie de cambios radicales que tienen que implican forzosamente reformas constitucionales para poderse implementar. A su vez, los dilemas son complicados y proporcionales a la profundidad con la que se pretende transformar al INE. Con claridad se identifican al menos cuatro problemas. 

1)       El primero es que esta reforma politiza de facto al árbitro encargado de la gestión electoral nacional y ello es peligroso pues nada garantiza la plena parcialización de las autoridades electorales electas al asumir que por ejemplo, ganen los candidatos propuestos por el Ejecutivo o sus coaliciones políticas en el Legislativo. 

2)       El segundo es que la reforma implicaría conflicto directo con los principios electorales federalistas pues se propone una centralización de facto de los órganos electorales locales al respecto que contraviene a los propios principios constitucionales. 

3)       El tercero es que la modificación del principio de Mayoría Relativa a uno de Proporcionalidad en el Legislativo Federal, sigue sin resolver los abusos de los partidos en su monopolio de candidaturas pues si ya de por sí cooptan los espacios, el ciudadano sigue sin incidir en la calidad de la representación al votar listas cerradas y bloqueadas que por tanto no tienen posibilidad alguna de incidencia en las listas o el orden de las candidaturas de éstas. 

4)       Y el cuarto es que la reducción de los escaños en un sistema proporcional puede generar graves riesgos de subrepresentación, pues los actuales 500 escaños serían apenas idóneos para la proporcionalidad en vez de meramente recortarla. Con lo cual se generaría el clásico problema de déficit de representación ante una cuestionada gobernabilidad estudiado por la Ciencia Política.      

En suma esta reforma se enfrentará a una férrea resistencia legislativa, y en caso de pasar puede tornarse contra los propósitos de control directo del Ejecutivo. Pues si bien Morena podría consolidarse como nueva hegemonía bajo estas reglas, nada asegura que la propia oposición al partido en el gobierno ganara futuras elecciones con estas nuevas reglas y en dado caso el ciudadano no alineado a los partidos queda una vez más fuera de la ecuación de los propios intereses partidistas. 

Y si bien no todo es negativo, pues es muy positivo el que se permita que las autoridades institucionales rindan plenas cuentas sobre sus acciones por ejemplo, esta reforma deja en el limbo el cómo hacer menos oneroso a nuestro sistema electoral, como hacerlo menos dependiente de procesos basados en papelería y transitar a una democracia electrónica con mayor inmediatez y certeza y lo más preocupante, deja intactos los principios de una partidocracia vigente que impide por todos los medios que el ciudadano tenga una mejor y mayor incidencia sobre las alternativas políticas que vota cada tres y seis años.  

Si se pretende una democracia popular, una democracia que incluya de manera más directa y sustantiva a los ciudadanos, los ajustes necesarios que tienen que darse para hacerla posible deben hoy por hoy ver más allá de los intereses presidenciales en turno. Un gran avance sería ya, que los propios actores políticos de todas las fuerzas, incluidas las del actual gobierno federal, entendieran que no siempre las mejores instituciones son aquellas que se recortan a modo de los intereses en turno. Las mejores instituciones son aquellas que tienen principios claros, estables y sobre todo certeros para todos los actores políticos en competencia, a la larga estas últimas instituciones basadas en principios claros y estables, es decir, aquellas que trascienden a proyectos políticos en constante tránsito, son las únicas que pueden en efecto posibilitar una mayor utilidad social, o sea servirnos a todos los mexicanos y poner un freno al verdadero problema que ni se voltea a ver, la política partidista onerosa, opaca, y ajena al bienestar de las y los trabajadores. 

Los logros y avances en materia democrática no son exclusivos de un partido, ni del presidente en turno, por más legitimidad democrática que tenga, los logros democráticos son de todos los mexicanos, pues fue el pueblo mexicano quien los compró al precio de muchos esfuerzos, lucha y de sangre. Por lo tanto, no debe malbaratarse, no puede borrarse de un plumazo por los intereses de turno. Otra es la dirección en la que debe madurar la democracia en México, además de las ya señaladas, está la persistencia de la violencia en los procesos electorales, las elecciones de 2018, fueron unas de las más violentas en la historia reciente con al menos 140 homicidios de acuerdo a Arturo Alvarado Mendoza (2019). Es lamentable que el partido en el gobierno siga con la misma inercia de administraciones anteriores, pero toca a nosotros, los ciudadanos, defender aquello que nos está costando tanto: lograr salir de la democracia bárbara a la democracia real.

          

Dr. Héctor Ramón Alonso Vázquez