La propuesta de Reforma Electoral de AMLO, un retroceso democrático.

 La tiranía totalitaria no se edifica

 sobre las virtudes de los totalitarios 

sino sobre las faltas de los demócratas. 

Albert Camus (1913-1960) Escritor francés.

Desde el primer minuto en que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró de que los resultados de la elección presidencial del año 2006 no le favorecieron emprendió una batalla mediática contra el Instituto Federal Electoral acusándolo reiteradamente de fraguar un fraude electoral en su contra para favorecer al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa con ánimos de victimizarse frente a la opinión pública con el objetivo de iniciar su estrategia electoral para la elección del año 2012 en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto, en la que tampoco fue favorecido, esta misma estrategia la aplicó 6 años después en su competencia en la elección del año 2018  en donde por fin el voto ciudadano le dio la responsabilidad de asumir la Presidencia de México.

 

Una elección en donde el voto ciudadano le dio una amplia ventaja contra los candidatos competidores y el pueblo lo vistió de una amplia legitimidad democrática, voto que fue cuidado por los ciudadanos que participaron como integrantes de las mesas directivas de casilla y como representantes de los partidos políticos, en una elección organizada de manera ejemplar por el Instituto Nacional Electoral y los llamados OPLES de cada uno de los estados integrantes de la República Mexicana.

 

Durante muchos años este país vivió momentos aciagos y profundamente antidemocráticos en donde sus ciudadanos prácticamente vivían en una especie de dictadura, en donde el régimen político no permitía a sus gobernados hacer uso de sus derechos fundamentales como lo son la libertad de organizarse, la libertad de ejercer su voto de una manera libre y responsable, la libertad de participar políticamente de una manera plena, la libertad de poder acceder a un cargo de elección popular, la libertad de expresarse conforme sus ideales políticos le dictaban, sin embargo, hubo ciudadanos que con todo el peligro que ello conllevaba se dieron a la tarea de luchar por todos estos derechos, incluso varios de ellos entregando su vida para que sus herederos disfrutaran de un México con democracia, logrando así la alternancia política luego de varios años con el triunfo del expresidente Vicente Fox en el año 2000 a través del Partido Acción Nacional y con el actual Presidente López Obrador en el 2018 a través del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

Lo anterior no hubiera podido realizarse sin la aparición de diversas reformas electorales que se han dado a lo largo del tiempo, cada presidente en turno se ha visto en la necesidad de realizar cambios estructurales en el entramado electoral, ya sea para legitimar su mandato o simplemente para imponer su ideología en materia político-electoral y el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción por lo que ha echado a andar su maquinaría mediática para convencer a los ciudadanos de que sus pretendidos ajustes tienen razón de ser y ayudarán a mejorar nuestro sistema electivo. 

 

Esta estrategia a través de medios masivos de comunicación y redes sociales ha sido utilizada con anterioridad para atacar al INE, órgano que tuvo a su cargo la organización de la elección donde el propio mandatario obtuvo el triunfo y donde su partido Morena alcanzó la mayoría no solo en un proceso, sino en dos de ellos 2018 y 2021, lo que le ha restado credibilidad entre los especialistas, expertos y académicos en la materia e incluso entre la población en general. 

 

Como podemos ver nuestro sistema electoral y nuestros actores políticos han estado en constante movimiento durante varias décadas, lo que ha permitido que los ciudadanos en conjunto con las instituciones democráticas que se han creado hayan participado de manera coordinada y a base de acuerdos políticos en la construcción de un entramado legal que ha generado que diversas fuerzas políticas con distintas ideologías, que van desde la derecha hasta la izquierda pasando por el centro, hayan podido acceder al poder a través de los medios democráticos contenidos en nuestras leyes y no a través de la violencia como ha sucedido con varios países a lo largo del orbe.

 

En este artículo intentaré realizar un análisis sobre la Reforma Electoral que pretende llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como MORENA, mediante el cual quiere establecer diversas modificaciones a nuestro marco legal-electoral.

 

Esto se da en un contexto donde el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un férreo y encarnizado enfrentamiento con Lorenzo Córdova Villanelo presidente del Instituto Nacional Electoral y con algunos consejeros electorales como Ciro Murayama, donde ya no solo es un enfrentamiento político, sino que ha escalado al ámbito personal.

 

En primer lugar, comentaremos sobre la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, esta propuesta consiste en que este órgano sería el único que tendría la responsabilidad de organizar las elecciones tanto a nivel nacional como a nivel estatal, es decir, desaparecería a los órganos locales denominados OPLES, lo que tiene como uno de sus objetivos fundamentales el ahorrar recursos del erario, si bien es cierto es loable esta propuesta de ahorro, desde mi punto de vista ha sido hecha al vapor ya que en este tipo de organismos descansa la mayoría de las funciones administrativas, técnicas y operativas que se realizan durante el periodo electoral ya que son los que cuentan con la infraestructura y personal necesario para atender procesos de gran envergadura. 

 

Así mismo no se ha realizado un análisis a fondo sobre en qué rubros realmente podrían generarse este tipo de ahorros, ya que por ejemplo, se quiere implementar que los Consejos Distritales Electorales y las Comisiones de Vigilancia del Padrón Electoral Distritales funcionen por temporalidades definidas y acordes con los tiempos electorales, ignorando que este tipo de organismos administrativos realizan funciones permanentes de capacitación, revisión y fiscalización de diversos temas que son necesarios para la correcta consecución y desarrollo de todo proceso electoral, lo que lejos de generar el pretendido ahorro solo generaría más problemas y a largo plazo gastos aún mayores.

 

Además, esta propuesta ignora que el Modelo de Comunicación Política necesariamente depende de este tipo de organismos locales permanentes, ya que sin la existencia de estos no sería posible la correcta fiscalización sobre la propaganda electoral y gubernamental que es necesaria realizar para que quien viole la legislación sea castigado de una manera acorde con su conducta probablemente constitutiva de faltas administrativas e incluso que podrían caer en probables delitos electorales.

 

De llegarse a consumar la desaparición de los OPLES se estaría dando un golpe muy duro a la administración electoral, ya que este tipo de órganos locales juegan un papel fundamental en la organización de las elecciones tanto locales como federales, ya que son un brazo ejecutor del Instituto Nacional Electoral que no cuenta con la estructura orgánica necesaria para abarcar todo el país, lo que dejaría en estado de indefensión y sobre todo de abandono a múltiples actividades que actualmente llevan a cabo estos organismos que si bien algunos actores políticos lo ven como un gasto excesivo, la realidad es que esta inversión bien vale para tener procesos democráticos mejor cimentados y dotados de toda una armadura que los proteja de aquellos que quieren generar caos en elecciones venideras.

 

De darse esta propuesta estaríamos frente a uno de los ataques más certeros a la democracia de nuestro país, ya que si esta reforma se llevará a cabo, la legalidad con la que este tipo de órganos requiere contar se extinguiría, ya que se estarían vulnerando los principios fundamentales del derecho electoral como lo son la certeza, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

 

Otro de los puntos torales de esta pretendida reforma es la elección de los Consejeros Electorales del nuevo órgano denominado INEC, esta modificación implicaría que los nuevos funcionarios electorales serían electos a través del voto popular en donde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente Andrés Manuel López Obrador propondrían una lista de perfiles, quedando claro que la intención del partido en el poder es tomar el control de un órgano que ya no podría garantizar ni la independencia, ni la imparcialidad, ni la objetividad.

 

Robusteciendo lo anterior, para nadie es un secreto que en la actualidad el partido en el gobierno controla la mayoría de las instituciones que serían las encargadas de proponer, de acuerdo a la reforma que plantean, a los funcionarios encargados de asumir la organización de las elecciones del año 2024; el Presidente de la República tendría la facultad de nombrar a 20 candidatos, el Poder Legislativo, totalmente controlado por Morena, podría proponer otros 20 candidatos y el Poder Judicial, que como todos sabemos también está controlado por el partido del Presidente, podría proponer otros 20 candidatos, por lo que queda de manifiesto que los nuevos funcionarios tendrían compromisos fuertes, directos y concretos con el partido en el poder.

 

De igual manera y atendiendo al mismo procedimiento para la elección de Consejeros Electorales se elegirán los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del voto popular, esta propuesta es sin duda alguna la más polémica de esta pretendida reforma, ya que histórica, administrativa y filosóficamente es claro que los órganos jurisdiccionales no son órganos representativos ya que de ser así perderían toda su esencia de impartidores de justicia y violarían todos los principios fundamentales que son la base de la administración de justicia como los son la independencia, la imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo. 

 

Este tema en particular es bastante grave, ya que de darse la perdida de estos principios la impartición de justicia electoral se vería envuelta en una sombra de duda e ilegalidad lo que violaría los derechos electorales de los ciudadanos que quieran ejercer su voto de manera libre, secreta, directa y responsable.

 

En este mismo sentido podemos comentar que en caso de que las autoridades encargadas de impartir justicia fueran electas a través del voto popular generaría que los perfiles fueran seleccionados entre candidatos que tal vez no se distinguirian por su experiencia jurisdiccional pero si por su lealtad al partido político que en el momento de la elección tenga la fuerza suficiente para poder movilizar a sus militantes y simpatizantes y realizar una simulación de elección democrática, lo que nuevamente violentaría los principios básicos de la impartición de justicia, algo que sería inédito en la historia política de nuestro país.

 

Otro campo electoral que se pretende modificar es el relacionado con el financiamiento público ordinario que actualmente reciben los partidos políticos, los cuales tendrían que autofinanciarse y sobrevivir de las cuotas y aportaciones que voluntariamente les otorguen sus miembros y simpatizantes, esta propuesta a todas luces populista pretende que los partidos opositores se debiliten, ya que sería sumamente difícil que los militantes tuvieran el poder económico para mantener a una estructura partidista que sin lugar a dudas necesita recursos económicos para poder llevar a cabo sus funciones de manera responsable y sobre todo en condiciones de equidad.

 

Con la estrategia de la austeridad se niega el derecho a los partidos de crecer y competir en las condiciones mínimas de equidad con respecto al partido en el gobierno, además lo más grave es que algunos partidos en la urgencia de conseguir financiamiento abrirían la puerta para obtener recursos económicos de manera ilegal a través de recursos de procedencia ilícita de grupos involucrados con el tráfico de drogas o por empresarios organizados que quisieran tomar decisiones en el ámbito político, lo que podría suscitar que nuestra democracia sea secuestrada por la delincuencia organizada o por el empresariado para conseguir sus propios fines.

 

Para una parte de la sociedad esta propuesta pudiera resultar llamativa e interesante ya que la animadversión acumulada durante muchos años en contra de los Partidos Políticos ha generado que los ciudadanos repudien a estos vehículos para la participación ciudadana, sin embargo los partidos no son simplemente medios a través de los cuales los candidatos pueden hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía o el medio por el cual hacen campaña ya que su razón de ser y su esencia se basa en que son entidades de interés público ya que entre otras actividades importantes estos dan los elementos necesarios para que los ciudadanos se desarrollen políticamente y tengan posibilidad de participar en las decisiones públicas de nuestro país que en caso de no existir no podrían acceder a este tipo de prerrogativas ciudadanas.

 

Sumado a lo anterior se corre el riesgo de que los simpatizantes de un partido que tiene posibilidades económicas mayores, ya sea porque es quien controla el gobierno en turno, como actualmente sucede con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), o porque las aportaciones privadas son mayores a las de los demás estaría generando que sus militantes fueron catalogados como de primera, segunda o tercera categoría y con ello disminuirían sus posibilidades de acceder a un cargo público, lo que estaría violando sus derechos político-electorales.

 

Se puede destacar una propuesta que el Partido Acción Nacional presentó en el año 2010 y que con esta pretendida reforma se retoma, mediante la cual se pasaría de un sistema de mayoría relativa y representación proporcional a un sistema de representación proporcional pura, en donde las curules a elegir se reducirían de 500 a 300 diputados federales y no más de 25 en las legislaturas locales y de 128 senadores a solo 96, todos estos funcionarios electos por el voto popular serían integrados por listas por partido en cada estado integrante de la República Mexicana. En caso de darse este cambio y podamos transitar hacia el camino de la proporcionalidad pura y generar que la sub y la sobrerrepresentación queden atrás, se lograría que los intereses de los ciudadanos estén mejor representados.

 

Por último tenemos la propuesta de cambios al Modelo de Comunicación Política, en donde los integrantes del partido en el poder proponen que los funcionarios públicos puedan difundir propaganda política  y gubernamental sin problema alguno, esto sería un retroceso, ya que durante años se luchó para que el viejo régimen no abusara del uso de recursos públicos para poder hacer campaña electoral a favor de alguna propuesta política o candidato de su preferencia ya que la equidad estaría en juego porque no solo podrían emitir opiniones sino que podrían realizar propaganda gubernamental atropellando con su poderío los derechos de los opositores. 

 

Esta propuesta es por demás abusiva ya que mantiene la prohibición de que los partidos opositores, ciudadanos en general y cualquier tipo de organización no pueda contratar propaganda en contrario de la gubernamental, lo que tendrá como efecto que mientras unos si pueden hacer campaña y uso de los programas gubernamentales, los otros queden en estado de indefensión ya que el poder en turno tendrá la fuerza de llegar a más personas ya que cuenta con mayores medios de hacer llegar su información a la ciudadanía en general , lo que violaría, como ya se mencionó, pero que es necesario recalcar, el principio de equidad en toda contienda democrática.

 

Como conclusión podríamos comentar que sin lugar a dudas esta reforma implicaría un retroceso democrático grave y estaría privando a los ciudadanos de un sistema electoral que le brinde seguridad y certeza a la validez de su voto, le estaría quitando el halo de honradez con que todo sistema jurídico debe contar para cumplir con su cometido de proteger el interés jurídico de las personas, estaría cubriendo nuestra legislación con un manto de duda con respecto a su imparcialidad y a su legalidad lo que implicaría que la confianza en las instituciones electorales decayera echando por los suelos la lucha democrática que han emprendido durante muchos años ciudadanos comprometidos con su país y con las normas que lo guían hacia un futuro realmente democrático que conlleve una mejoría radical en el bienestar de las personas.

 

La responsabilidad que tienen hoy los legisladores de Acción Nacional es lograr los acuerdos necesarios para que esta reforma no sea aprobada por la mayoría en el Congreso de la Unión, nuestros representantes tienen la titánica tarea de dar la batalla para que estas modificaciones queden fuera de nuestro sistema electoral, ya que de no ser así nuestra democracia correría un grave riesgo.