Crisis y sistema electoral en Perú. ¿Golpe de Estado?

Los sistemas multipartidistas, que a 

menudo coinciden con gobiernos inestables, 

son vistos normalmente como problemáticos.

 Dieter Nohlen

Un golpe de estado es una afrenta irreversible contra la democracia. Un rayo de destrucción que devasta la credibilidad de quien lo lleva a cabo, que elimina la legitimidad de quien lo organiza y echa andar. 

No importa quien encienda la maquinaria, ya sea un líder de izquierda, derecha o cualquier otra ideología, ya sea llevado a cabo por un Presidente, un Congreso, un Poder Judicial o el Ejército. Un golpe de estado representa la aniquilación de todo orden democrático y deja sin efectos y sin sentido alguno todo sistema electoral.

Perú es un país que cuenta con una población de aproximadamente 33 millones de habitantes. Está situado en América del Sur, su capital es Lima, y es la economía número 51 a nivel mundial. Por su PIB per cápita de 5,723 euros está ubicado en el lugar número 93 en el mundo, lo que significa que su población tiene un nivel de vida muy bajo con respecto a los 196 países que integran nuestro planeta. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, tiene 36 puntos, lo que nos dice que sus habitantes consideran que existe mucha corrupción en todo su sistema organizacional.

En este país y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política del Perú, el presidente es el jefe del Estado y personifica a la Nación. Se elige acompañado de dos vicepresidentes electos por voto directo en lo que ellos llaman un distrito electoral único, deberá de tener más de 35 años cumplidos al día de la elección y tener derecho al sufragio. De acuerdo con el artículo 111 de la carta magna, si alguno de los candidatos no alcanza más del 50% de los votos, se tendrá que disputar un balotaje o segunda vuelta electoral para definir al ganador y no existe la reelección consecutiva.

Contrario a lo que sucede en la mayoría de los países de nuestro continente y, de acuerdo con el artículo 90 de su Constitución, el Congreso de Perú, es unicameral y está integrado por 130 congresistas que se eligen por un período de 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Los requisitos para acceder a este cargo son ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho al sufragio.

La elección del presidente y el Congreso son coincidentes en fechas, el voto para elegir a los congresistas se da en un sistema preferencial de lista abierta, es decir el partido que compite presenta un listado general y el votante tiene el derecho de elegir a una de las opciones que más lo convenza y de acuerdo al número de votos que obtenga cada candidato se le asignará el escaño correspondiente, siempre y cuando el partido electo tenga más del 5% de los votos a nivel nacional o que el partido gané 7 espacios en un distrito electoral. Este país cuenta con 27 distritos electorales que corresponden a 24 departamentos, Lima, Callao y residentes en el extranjero.

Según el artículo 46 de la Constitución Política del Perú el país es una república democrática, social, independiente y soberana, así mismo el artículo 176 del mismo ordenamiento nos dice que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa; a su vez el artículo 177 dicta que su sistema está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Perú es un país que a lo largo de su historia moderna se ha caracterizado por su inestabilidad política y que ha transitado desde la democracia hasta la dictadura y viceversa y en donde los presidentes en los últimos años se han vuelto desechables, sobre todo porque su estructura constitucional así lo ha permitido y algunos personajes aprovechando la situación incluso lo han fomentado.

En al menos los últimos 20 años, casi todos los peruanos que han llegado a ocupar la silla presidencial han sido encarcelados, perseguidos, fugados e incluso se han suicidado por ser acusados de algún tema relacionado con la corrupción. Pero en los últimos 4 años el problema se ha agravado y ha habido 6 presidentes en este corto periodo.

Esta historia de inestabilidad comienza con el mandato de Alberto Fujimori, quien en 1990 llega al poder tras derrotar al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta, pero solo dos años después, en 1992, decide dar un autogolpe de estado, modifica la constitución para poder reelegirse dos veces y se queda en el poder hasta el año 2000 en que es acusado de diversos delitos que lo llevarían a fugarse a Japón; es hasta el 2007 en que es extraditado a su país en donde cumple una condena penal.

Con la caída de Fujimori, Valentí Paniagua asume el poder a finales del año 2000 y solo se queda 8 meses en el cargo, ya que tuvo la responsabilidad de llamar a elecciones, siendo uno de los pocos presidentes que se pudo retirar sin denuncias.

En las siguientes elecciones resulta electo Alejandro Toledo, quien era uno de los principales opositores del fujimorismo. Su presidencia transcurrió prácticamente sin problema alguno y no fue sino hasta el año 2017 que investigaciones internacionales lo relacionaron con el caso Odebrecht de quienes, según las investigaciones realizadas, recibió mas de 20 millones de dólares en sobornos, lo que dado como resultado que actualmente esté en proceso de extradición desde los Estados Unidos.

Otro involucrado en la corrupción de la empresa internacional Odebrecht fue el ex presidente Alan García, sucesor de Toledo, quien siempre negó haber participado en algún acto ilícito; sin embargo, las autoridades recabaron un cúmulo de pruebas y le dictaron prisión preventiva para iniciar el proceso penal correspondiente, pero este procedimiento nunca se llevaría a cabo y los delitos cometidos quedarían impunes ya que el político prefirió dispararse en la cabeza antes de ir a la cárcel.

Ollanta Humala, fue el último presidente que pudo terminar su mandato, sin embargo, también el y su partido fueron acusados de recibir sobornos de parte de la empresa Odebrecht lo que lo llevaría a la prisión por un corto periodo de 9 meses, sin embargo, su caso sigue abierto y continúa siendo investigado. 

A partir del mandato de Pedro Pablo Kuczyinski ningún presidente ha terminado su mandato, este caso tiene coincidencias fundamentales con el de Pedro Castillo, ya que al igual que el actual presidente derrocado, este político tuvo en contra el congreso desde el día que tomó posesión, ya que era controlado por Keiko Fujimori que había perdido la elección presidencial, mismo caso que en la actualidad; durante este periodo llamó la atención que el presidente depuesto haya intercambiado votos de congresistas para sostenerse en el poder a cambio de liberar al padre de su competidora Alberto Fujimori, caso que al ser descubierto, además de diversas investigaciones por corrupción también de Odebrecht, terminó por terminar su mandato.

Martín Vizcarra llegó no por el voto ciudadano, sino porque era el vicepresidente en turno y la constitución así lo ordenaba, uno de sus primeros actos como nuevo gobernante fue ordenar la disolución del congreso, acto que le generó las simpatías y aprobación del pueblo, pero esto no le duraría mucho tiempo, ya que meses después los recién elegidos congresistas nuevamente decidieron deponer a otro presidente de su mandato por actos de corrupción supuestamente cometidos en la compra de vacunas contra el COVID 19 y por actos de corrupción no confirmados supuestamente cometidos cuando fue gobernador de su estado natal, por lo que actualmente está en marcha un proceso penal en su contra.

En el caso de Manuel Merino solo duró unas horas en el cargo y tuvo que renunciar por las protestas en contra de su designación que incluso costaron la vida de algunos ciudadanos inconformes con su nombramiento. Francisco Sagasti asumió el mando del ejecutivo por 8 meses en los cuales se dio a la tarea de organizar las elecciones, en donde resultó electo Pedro Castillo.

El día 6 de junio del 2021 Pedro Castillo fue electo en una segunda ronda con el 50.12% de los votos contra su más cercana competidora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, conservadora y de derecha, quien habría obtenido el 49.87% de los votos computados, es decir una diferencia mínima de solo 44,240 sufragios de los mas de 19 millones que en total fueron contabilizados. Lo que dio origen a la polarización que terminó con el derrocamiento del presidente electo democráticamente.

Ya desde la campaña se venía venir la tormenta que solo unos meses después generaría que un presidente más dejará el cargo antes de tiempo. Ya que durante todo el proceso hubo acusaciones de ambos bandos, desde corrupción en contra de los dos candidatos hasta fraude electoral por el tan cerrado resultado de la contienda con el cual la candidata perdedora nunca estuvo de acuerdo.  Sin embargo, sus alegatos fueron desestimados por las autoridades electorales locales e incluso por organismos internacionales que participaron como observadores en todo el proceso electoral y Castillo pudo tomar protesta sin mayores problemas.

Desde los primeros días de su mandato el presidente peruano se enfrentó a diversas problemáticas tanto políticas, económicas y sociales, además tuvo que realizar cambios en su gabinete constantemente, renuncias y despidos que se dieron por temas que iban desde la incompetencia para ejercer determinado cargo hasta temas de corrupción, sin embargo, Keiko Fujimori jugó un papel muy importante en la desestabilización del gobierno, ya que un grupo de diputados responden directamente a las instrucciones que ella dictaba.

Aunado a lo anterior la candidata perdedora echó a andar una estrategia en la que se victimizó y acusó que la elección no era válida por haberse comprobado un supuesto fraude en las casillas que nunca existió siguiendo los pasos de Donald Trump de los Estados Unidos, Jaír Bolsonaro de Brasil y Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Lo más preocupante de este tema es que diversos medios de comunicación dieron cabida en sus espacios a las mentiras e incluso el celebre Mario Vargas Llosa las dio por ciertas sin una sola prueba que fuera contundente para acreditar los dichos de la candidata de la derecha.

Keiko es hija del tristemente célebre Alberto Fujimori, quien irónicamente llevo a cabo un autogolpe de estado para quedarse en el poder un periodo más. Pero que tuvo que huir del país al quedar al descubierto diversos actos de corrupción durante sus mandatos. Siendo años después detenido y sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y por los actos ilegales en los que varios integrantes de su gabinete y el mismo fueron exhibidos en video.

Al igual que su padre Keiko Fujimori enfrenta diversos procesos con la justicia peruana e incluso pasó un tiempo en prisión por estar involucrada en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht que, como leímos en párrafos anteriores provocaron que varios expresidentes estén bajo procesos legales, y aún así se dio el lujo de llevar a Perú a un clima desestabilizador como ya lo ha hecho en diversas ocasiones a través de la fuerza que representan los diputados que ella controla; si bien es cierto hay diversas denuncias contra Castillo por actos de corrupción, también lo es que ninguna ha sido comprobada por ninguna autoridad facultada para ello, lo que hace entrever que estas acusaciones han sido parte de la estrategia para poder dinamitar su mandato.

Pedro Castillo es un campesino de 53 años de edad, maestro de escuela rural y líder sindical de una zona denominada Cajamarca que estuvo en lugar indicado en el momento indicado, ya que nunca estuvo en sus planes ser presidente, si no que las circunstancias lo obligaron a ello, pasando de ser un líder local, al líder de todo un país; el presidente depuesto pudo sumar al antifujirismo que es el voto que lo llevo a ganar democráticamente la elección del año 2021, sin embargo, desde el primer día de su mandato fue severamente atacado por diversos medios de comunicación tradicionales, por los partidos opositores y, como ya se dijo en anteriores líneas, por la candidata perdedora, quienes lo acusaron de querer implantar el comunismo en su país e incluso fue acusado de terrorista por haber sostenido charlas con algunos integrantes del grupo terrorista de los años 80 “Sendero Luminoso”.

Este político atrajo a las clases mas vulnerables del país y a aquellos que estaban hartos de los políticos de siempre y vieron una luz de esperanza en el líder socialista, su lema de campaña fue rotundo y directo “No más pobres en un país rico”. Con propuestas progresistas como terminar con la desigualdad económica y social, además de como ya señalamos, a todos los que estaban en contra de Fujimori.

A pesar de que inició su gobierno nombrando políticos de renombre y líderes sociales con un prestigio comprobado nunca tuvo un gabinete estable, lo que lo obligo a cambiar de ministros en mas de 50 ocasiones, algunos por su incompetencia para ejercer el cargo, otros por ser acusados de actos de corrupción y otros renunciaron al no estar de acuerdo con la política pública dictada por el jefe del ejecutivo, por lo que se empezó a rodear de políticos del ala ultraconservadora y algunos que solo buscaban su beneficio personal, lo que terminó por echar por la borda su corto gobierno.

Existen contra Castillo, una serie de acusaciones que sus detractores aseguran que son ciertas y sus seguidores acusan una persecución política, estos señalamientos van desde enriquecimiento a través de otorgamiento de contratos, colusión, tráfico de influencias, obstrucción de investigaciones hasta ser el líder de una organización criminal. 

Lo cierto es que hasta el momento ninguna acusación ha sido demostrada por la fiscalía de justicia del país y las investigaciones siguen su curso con normalidad y en fase preliminar sin que un juez haya determinado la existencia de algún delito de esta naturaleza, así mismo el presidente hoy depuesto ha negado estas acusaciones y tenía semanas acusando que se orquestaba un tipo de golpe de estado blando a través de las autoridades investigadoras.

Quienes están en contra de Castillo externan razones de peso para sospechar que si es parte de esta red de corrupción por la que se le investiga, ya que incluso dos de sus sobrinos están en fuga por acusaciones de diversa índole, así mismo su hermana es investigada por los mismos temas, su cuñada esta presa al ser grabada ofreciendo contratos de obra a empresarios a cambio de dinero y su ex Ministro de Transporte se ha fugado porque según la fiscalía con la ayuda del expresidente dio concesiones ilícitas y contratos a cambio de pagos ilegales.

Fue el 7 de diciembre del 2022 cuando los congresistas peruanos llamaron a sesión por tercera ocasión a efectos de destituir al presidente por supuestos actos de corrupción sin comprobar y por permanente incapacidad para gobernar, ya que en solo año y medio de gestión había nombrado 5 gabinetes distintos y más de 50 ministros, los especialistas coinciden en que en esta reunión programada no alcanzarían los votos requeridos para declarar vacante el cargo de presidente de la república puesto que se requerían las dos terceras partes de votos que la oposición no tenía, sin embargo, en un acto de desesperación y cansado de las trabas que le había impuesto el congreso en varias ocasiones, como la prohibición de salir del país, Pedro Castillo decide anunciar la disolución del mismo, la instauración de un gobierno de emergencia y la declaratoria de estado de excepción, un claro suicidio político.

Lo que seguramente no se esperaba el presidente hoy destituido es que no tendría el apoyo de varios de los integrantes de su gabinete, quienes empezaron a hacer públicas sus renuncias en redes sociales al no estar de acuerdo con las acciones del líder del ejecutivo y menos aún se esperaba que el ejercito decidiera no formar parte de la apresurada estrategia. 

Para la mayoría de los peruanos fue una gran sorpresa el actuar de un presidente que a través de visitas y entregas de obras y programas sociales en las zonas marginadas estaba recuperando su popularidad perdida en tan solo un año y medio de gobierno.

Este caso será un claro ejemplo de lo que no se debe hacer para las próximas generaciones, ya que Pedro Castillo si bien es cierto no era bien visto por una gran cantidad de peruanos el congreso estaba en una situación mucho peor, ya que varios de sus integrantes ha sido acusados de diversos delitos y según estudios demoscópicos serios son el poder mas repudiado en el Perú por lo que no había necesidad de tomar una medida por demás antidemocrática como la que tomó el presidente hoy destituido.

Este intento de golpe de estado fue frustrado en menos de una hora, al darse cuenta de la grave situación Pedro Castillo decidió partir hacia la embajada mexicana con el firme objetivo de pedir asilo político a nuestra nación, de igual manera que Evo Morales lo había hecho en años pasados, sin embargo fue detenido por la propia escolta presidencial quien lo puso a disposición de la Fiscalía de Justicia.

Minutos después el congreso declaró la vacancia de la presidencia y nombró a la vicepresidenta Dina Boluarte, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 constitucional, como nueva jefa del ejecutivo, compañera de batallas de Castillo por pertenecer al mismo partido, ahora daba la espalda al presidente democráticamente electo y se hacía del poder mediante el voto de los congresistas, más no a través del voto directo, lo que ha suscitado una serie de manifestaciones, ataques violentos contra aeropuertos y otras vías de comunicación y enfrentamientos entre policías y seguidores del presidente depuesto, lo que ha dado como resultado decenas de personas fallecidas y centenas de heridos.

Podríamos pensar que cualquier Carta Magna da estabilidad jurídica y sobre todo política a todo sistema electoral que se dice democrático, pero en el caso de Perú en realidad no es así, ya que el artículo 113 de la Constitución Política señala que:

“La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del presidente de la República.

2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado;” 

Un artículo que en su numeral segundo deja abierta la posibilidad de que se declare la vacancia de la Presidencia por razones meramente subjetivas, ya que la llamada incapacidad moral es un concepto abstracto que esta sumamente arropado con un halo de relativismo, ya que en ninguna disposición normativa esta definido en que casos específicos podría aplicar.

Pero también existe el otro lado de la moneda, ya que el presidente tiene la facultad de disolver el congreso de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que a la letra dispone:

Artículo 134. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

Una disposición que deja vulnerable de igual manera al congreso y una figura en la que Pedro Castillo quiso apuntalar su estrategia. Ya que, según sus asesores, en dos ocasiones los congresistas habían negado su confianza a dos Consejos de Ministros, lo que daría cabida a la disolución del Poder Legislativo, lo que las autoridades judiciales del país niegan rotundamente.

Como podemos darnos cuenta estamos ante una legislación que no solo no da equilibrios entre los distintos poderes, sino que actúa como un detonador y un desestabilizador, ya que cualquier presidente, de la ideología que sea, puede ser destituido por cualquier razón, por subjetiva que sea.

En el caso que nos ocupa el congreso estaba a punto de declarar la vacancia presidencial por supuestos actos de corrupción que la fiscalía aún no había determinado que fueran ciertos, ni existían culpables, en el caso del presidente y la facultad de disolver el congreso también abre la posibilidad de burlar el estado democrático al darle la oportunidad de vulnerar al congreso con el solo hecho de proponer ministros impresentables por lo que sería imposible obtener el voto a favor de los congresistas en turno.

Existe otro artículo que es cuestionado, ya que abre la puerta para que los ciudadanos que consideren que se ha violado el orden constitucional puedan rebelarse en defensa del mismo, dicho artículo a la letra dice:

Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Gracias a esta disposición los seguidores de Pedro Castillo han salido a las calles a protestar de forma violenta y han sido brutalmente reprimidos a pesar de que es probable que pudieran estar actuando porque realmente creen que se está vulnerando y atacando su sistema democrático, lo que tendría como consecuencia que la propia constitución proteja su derecho a la libre manifestación.

Debido a las protestas ya han fallecido 27 personas en distintas provincias, sobre todo de mayoría indígena y con altos niveles de marginación que es en donde se concentra el apoyo popular para Castillo.  Estos manifestantes piden que se convoque a elecciones de manera inmediata, que se disuelva el congreso y que la presidenta nombrada por los congresistas renuncie al cargo ya que ha dado su apoyo total a las fuerzas armadas y ha ordenado que se repriman las protestas populares de manera violenta.

En el momento en que se escribe este artículo la presidenta de Perú a través de su Ministro de Defensa ha decretado estado de emergencia en todas las zonas del país, algo que no había sucedido desde los tiempos de la dictadura fujimorista, en donde se ha restringido la libertad de tránsito, la libertad de asociarse e incluso la libertad de reunirse libremente y se ha declarado el toque de queda en varias provincias del país, lo que para muchos representa un claro ataque a la ciudadanía y deja dudas sobre la verdadera representatividad y legitimidad democrática de los actuales encargados del Poder Ejecutivo.

Perú lleva semanas envuelto en el desorden y la anarquía, cierre de carreteras, disturbios y ataques a las vías de comunicación son una constante diaria en la vida de sus habitantes, por ello el congreso ha aprobado con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención adelantar las elecciones para el 2024, siendo que la presidenta electa por los congresistas había prometido terminar con lo que restaba del mandato de Castillo, es decir hasta 2026.

Un juez peruano ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Castillo, acusado del delito de traición a la patria por haber disuelto el congreso, sin embargo no fue puesto tras las rejas por ninguno de los otros delitos por lo que llevaba mas de año y medio siendo acusado, lo que refleja una falla importante en el sistema de justicia de aquel país.

Sin lugar a dudas en Perú urgen cambios a su Carta Magna, en donde los equilibrios den estabilidad a los gobiernos entrantes, en donde los requisitos para poder competir por la presidencia no sean tan laxos, como actualmente lo son, para no generar una híper segmentación del voto que de como resultado segundas vueltas sin una representatividad real y solo sea simulada y en donde los partidos políticos tengan ideología y propuestas claras y sean una opción real para los ciudadanos.

Es urgente que sean perfectamente definidos los casos en donde la vacancia de la presidencia sea aplicable y que el concepto de “incapacidad moral” sea debidamente aclarado y sea acompañado de requisitos específicos que no dejen lugar a la subjetividad y en donde el legislador no actué por intereses personales, de igual manera se tienen que definir y especificar los requisitos necesarios para que el presidente pueda ser uso de su facultad de disolver el congreso, si se echan a andar una serie de reformas es posible que el sistema electoral del Perú pueda equilibrarse y con ello liberarse de la gran desestablidad que tanto daño ha provocado a este país.

Crisis y sistema electoral en Perú. ¿Golpe de Estado? 

Artículo de Jonathan Chávez Nava para PolíticArte