Columna "La Justa Razón" de Adrián Rodríguez Alcocer para Laboratorio Político
PolitizArte 24 de febrero de 2021 Adrián Rodríguez Alcocer
Tanto en política como en derecho, los pactos son prácticamente sagrados. Incluso, uno de los principios generales del Derecho, pilar del derecho privado y del derecho internacional dice “pacta sunt servanda”: los pactos se cumplen. En derecho, los pactos (acuerdos de voluntades) adquieren una expresión más formal y solemos conocerlos como contratos. En política, los pactos conservan su nombre y suelen ser menos formales. Normalmente, de entrada, no se explicitan y mucho menos se vuelcan en un papel para ser después firmado. Pero eso no los hace menos reales.
En realidad, los contratos no son el documento, sino el acuerdo entre las voluntades que contratan. El documento firmado es un medio de prueba que permite probar su existencia, dejar claro su contenido y hacerlo exigible a las partes. En política, sin embargo, la prueba de los pactos no sólo no es necesaria, sino que puede resultar peligrosa. Porque, si en derecho los contratos ilícitos los vuelven ineficaces, la ilicitud no suele afectar los pactos políticos. [1]
Entre los pactos ilícitos, algunos auténticamente inconfesables, están aquellos en los que se cimenta la impunidad. Verdaderos pactos faustianos en los que miembros de una clase, que se concibe a sí misma como intocable y con incuestionable derecho sobre algo, se asegura de conservar e incrementar sus privilegios a toda costa. Estos pactos suelen convertirse en corazas impenetrables, en una especie de fuero no oficial que hace inmunes a sus miembros de cualesquiera consecuencias que sus actos produzcan. Estos pactos de impunidad pueden ser cerrados, explícitos, con un número determinado de miembros (pensemos en un grupo político cuyo líder llega a determinada oficina pública y da rienda suelta a sus compinches para enriquecerse), o pueden ser mucho más sutiles, amplios y peligrosos.
En México, cuyo sistema político se construyó sobre la base de pactos y reglas informales que privilegiaban a una clase (la gobernante) en detrimento de otras,[2] hemos interiorizado muchos de esos pactos, lo que los hace mucho más difíciles de detectar. Uno de estos pactos, que los movimientos feministas se han ocupado de denunciar y combatir, es el que tolera y normaliza la violencia contra las mujeres y los niños y protege a sus agresores. México es un país altamente tolerante a la violencia de género y al abuso infantil[3], tolerancia que se manifiesta no sólo entre las autoridades, sino en comportamientos sociales como trasladar la culpa a la víctima (por cómo iba vestida, por haber bebido, por haber desobedecido, etc.), o simple y llanamente no creerle.
La prueba de este pacto es innecesaria: los hechos notorios no necesitan prueba (otro principio general del derecho), o más bien, se prueban por sí solos cotidianamente. No voy a entrar en la larga letanía de acusaciones de acoso y violencia que se alarga cada día con nuevas e inquietantes denuncias (además, Daniela Cid ya abordó el tema aquí, /contenido/893/violencia-de-genero-entender-las-causas-para-plantear-soluciones sino que voy a fijarme en la paradigmática candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y la incompetente respuesta de su partido y sus líderes políticos. Es cierto que se debe ser cuidadosos ante un posible linchamiento mediático y se debe cuidar la presunción de inocencia; pero también es cierto que, quien se sumerja aunque sea mínimamente en el fenómeno del abuso y la violencia sexual, puede darse cuenta que la única forma de combatirlo con efectividad es creerle a la víctima que denuncia e implementar medidas que la pongan a salvo en lo que puede hacerse una investigación seria de las acusaciones. Esto lo ha ido aprendiendo, por ejemplo, la Iglesia Católica[4] a partir de un doloroso proceso que se ha convertido en una verdadera crisis de evangelización.
La candidatura de Salgado Macedonio y la insistencia de los liderazgos de Morena de sostenerla a como dé lugar es una prueba clara de la existencia y la solidez del pacto de impunidad que protege y encubre la violencia sexual hacia las mujeres, no solamente por la necedad del partido y el cinismo del acusado, sino por el hecho de que siga siendo un candidato viable a la gubernatura. Es decir, no sólo a las autoridades de su partido les importa un bledo que tenga tres acusaciones creíbles, algunas de ellas hechas ante las autoridades competentes; a los votantes, al menos hasta el momento, parece tampoco resultarles un tema muy relevante. Claro que eso lo veremos definitivamente en las urnas.
En fin, además de hacer una condena clara y tajante de todo acto de violencia en contra de las mujeres y los niños, y de manera particular del hecho de que una persona acusada de violación sea postulada a un cargo de elección sin que dichas acusaciones sean debidamente investigadas, quiero pronunciarme en dos sentidos: el primero de ellos tiene que ver con los grupos y personas que defendemos la vida y la dignidad humanas. Si nosotros no somos la vanguardia en la denuncia y combate a este tipo de casos que atentan contra la vida y la dignidad de las personas tanto como otros actos deplorables, debemos preguntarnos si no nos hemos convertido en auténticos reaccionarios y hemos dejado de ver a la persona para ver el color de la bandera o del pañuelo que llevamos al cuello.
El segundo punto es el siguiente: no todos los pactos se cumplen, o se deben cumplir. Los pactos de impunidad, de encubrimiento, de violencia, de corrupción deben romperse. Romperse desde ya y con contundencia, porque es la única manera en que podremos verdaderamente restaurar la justicia y vivir en un Estado de Derecho en el que se respeten los derechos de todos. Por eso, respetuosamente, digo: Sr. Presidente: ¡ROMPA EL PACTO!
[1] Por supuesto que no todos los pactos políticos son ilícitos, pues los pactos son herramientas que hacen posible el ejercicio de la política en los estados modernos, simplemente quiere decir que la validez de los mismos está sujeta a reglas distintas.
[2] Para una extraordinaria clase sobre la invención del sistema político mexicano hay que leer a Luis Medina: http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1049/46767.pdf?sequence=1 O, más extenso, su libro “La invención del sistema político mexicano”.
[3] Sobre violencia contra las mujeres: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-seoane/violacion-para-dummies?fbclid=IwAR2t0hpjlN1Qm1PI7Y8Tmh7S9Hgdh9A6kbIVJnZt98zW9bqO1DR8IQ9mvhk y sobre abuso infantil: https://alumbramx.org/violencia-sexual-infantil/datos-alumbra/
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