El Judicialismo y la Corte. Columna La Justa Razón de Adrián Rodríguez Alcocer para #PoliticArte

La SCJN ha cambiado de época, de presidente (a uno que más bien parece Secretario de estado que ministro del tribunal constitucional), pero no de fondo. A caso su judicialismo ha empeorado, y sus defectos se han acentuado. Hoy y en las sesiones siguientes habrá quienes se quieran colgar la medalla de defensores de derechos a costa de la vida de muchos, México hará bien en recordarles que cosas mucho más urgentes que atender, de cara a su propia gestión como máximo tribunal de la nación.

La SCJN anuncia: "tus derechos están protegidos por la Constitución, y la Constitución por nosotros"; pero, desde hace algunos años, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación ha sido seriamente cuestionado acerca de qué tanto cumple la Ley Fundamental. Las investigaciones sobre la guardería ABC, los asuntos de Lydia Cacho y Florence Cassez, el escándalo por los haberes de retiro, el caso del ex Ministro Góngora o de la exMinistra Sánchez Cordero, quien viaja por la República en días y horas hábiles a promocionar su agenda ideológica (sin que se sepa quién paga sus gastos), son señales sintomáticas de un organismo que no le rinde cuentas a nadie y es plenamente consciente de ello.

Miguel Sánchez Morón, catedrático de la Universidad de Alcalá, decía en un artículo titulado Democracia y judicialismo (publicado en El País) que el hartazgo hacia los políticos y la falta de representatividad del Poder Legislativo había convertido a los jueces en una especie de superautoridad que, al forzar el cumplimiento de la ley, mantenía el Estado de Derecho y limitaba los abusos de los otros poderes. Esto estaba vinculado con una teoría que afirma que, como el producto de la democracia es la ley, y el juez es el encargado de aplicarla e interpretarla, éste queda justificado en todas sus actuaciones. Pero al momento de sujetar al juez al cumplimiento de la ley, se entraba en una "pirueta constitucional" en la que el juez dejaba de obedecer a la ley para obedecer a la justicia; y así se pasaba del Estado de Derecho al Estado de Justicia, en el que el juez y las cortes son soberanos incontestables.

Análisis al proyecto inconstitucional por el cual un ministro pretende legalizar el aborto. Ápeiron por Roberto Martín Donjuán Escobedo

Puede ser por esas razones o también porque dentro de nuestro diseño institucional resulta casi imposible hacer a la Corte y a sus Ministros responsables de sus actos, pero el hecho es que un fenómeno similar se vive en México. Los excesos del Poder Judicial en sus casos más sonados, como los mencionados arriba, son sólo un botón de muestra. Según un estudio del CIDE, nuestra corte gasta casi tres veces lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos, casi siete veces lo que su homóloga en Alemania y 30 veces lo que las cortes de Colombia o Perú. Sin embargo, el extremo más preocupante de este judicialismo promovido por la Corte no son sus gastos y resoluciones escandalosas, sino que pretende convertirse en un segundo Poder Legislativo, mucho más allá de la creación de jurisprudencia.

La pretensión legislativa de la Suprema Corte plantea un cuestionamiento profundo a la vida democrática del país: los procesos de creación de normas están diseñados para reflejar el pensamiento y las aspiraciones de un pueblo soberano. La función de las cortes es garantizar que la voluntad popular, expresada en sus normas, conserve su coherencia y se aplique de la mejor manera. Por eso las cortes no son órganos representativos, ni se elige a sus titulares por elección directa: las cortes están para proteger las decisiones democráticas de la ciudadanía, no para modificarlas. El pensamiento judicialista, sin embargo, pone por encima de la soberanía popular la visión y el criterio de las cortes, convirtiéndolas ya no en un guardián, sino en un órgano que califica las decisiones democráticas, capaz incluso de contradecirlas. Tal es el caso de la redefinición de ciertos artículos constitucionales vía sentencias y no reformas, o mediante la distribución de "protocolos" para hacer saber a los jueces de menor jerarquía -desde antes de iniciar el proceso- cómo deben resolver en los asuntos que conozcan.

Otra vertiente de la tendencia es el uso de los amplios recursos de la Corte para hacer cabildeo y promover agendas propias. La movilización de Ministros y Magistrados del Poder Judicial para defender los haberes de retiro y los viajes de la exMinistra Sánchez Cordero para promocionar la despenalización del aborto son la versión menos extrema del judicialismo impulsado por la Corte. En un País que ha vivido los estragos del presidencialismo, vale la pena preguntarnos si estamos dispuestos a capitular nuestros procesos democráticos y el equilibrio entre nuestros Poderes para mantener funcionarios todopoderosos e intocables, o si es momento de reevaluar el diseño institucional del Poder Judicial para que mejor sirva a las funciones para las que fue creado.

Actualización de la columna que apareció originalmente en 2014 en Mural.com