El poder no es un medio, Wiston. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. [...] El objetivo del poder es el poder.
George Orwell.

Ningún movimiento social se da sin un antecedente previo. Todo cambio de paradigma surge de una serie de acontecimientos que van construyendo una base con distintas circunstancias históricas, sociológicas, económicas y políticas para llegar a un punto de no retorno. Para realizar un análisis serio de cómo surge determinado movimiento social hay que estudiar estas aristas y observar qué consecuencias tuvo en cada momento histórico. 
 
Corría el año de 1933 cuando el ejército de los Estados Unidos abandonaba Nicaragua luego de una segunda intervención armada, no sin antes dejar a un grupo de militares encabezado por el General Anastacio Somoza que realizaría actividades con el objetivo de controlar el poder en 1936, luego de asesinar al General César Augusto Sandino, quien había luchado a favor de la independencia de su país y era el principal ideólogo en contra de la intervención extranjera. Estos actos inaugurarían una dictadura que duraría más de 40 años y que sería controlada por los miembros de 2 generaciones de los Somoza.
 
La familia Somoza se convirtió así en una de las familias más ricas del mundo, gracias a la explotación de los recursos de Nicaragua en beneficio personal. Durante esta dictadura los opositores fueron perseguidos sistemáticamente, asesinados y desaparecidos, obligando a muchos de ellos a exiliarse en diferentes países del orbe; esta represión se endureció a partir de finales de los 50’s luego del asesinato de Anastacio Somoza García.
 
En los años 60 los movimientos de izquierda y de liberación colonial estaban en auge internacionalmente, siguiendo esta tendencia, varios países de América Latina formaron grupos políticos para luchar contra las dictaduras que los sometían, es así como surge el Frente de Liberación Nacional de Nicaragua que sería el antecedente directo de lo que es hoy el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
 
Este Frente tenía en sus orígenes una ideología Marxista-Leninista que había dado sustento a la Revolución Cubana y a la Revolución Argelina, y en las ideas del General Sandino, dicha organización estaba formada por distintos grupos opositores al régimen Somocista.

 
Es hasta mediados de los años 70´s que el FSLN comienza a cobrar importancia pública, ya que después de diversos ataques guerrilleros fallidos, la sociedad nicaragüense empieza a apoyarlo al detonarse una crisis económica, política y social provocada por la dictadura; de la misma manera, la iglesia católica y grupos de empresarios presionan y obligan al régimen a iniciar cambios a favor de la democracia a través de diversos líderes de opinión y líderes sociales, como el caso de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, dueño de una cadena de medios de comunicación y líder opositor.
 
En 1978 el opositor Chamorro Cardenal es asesinado, el magnicidio es atribuido al régimen y desata una serie de protestas que son reprimidas con toda la fuerza del estado. El FSLN se reorganiza y toma por la fuerza de las armas sedes estratégicas del gobierno.
 
El Frente Sandinista aprovecha la fuerza que le da la ciudadanía y ejerce presión a la dictadura para que deje el gobierno, los grupos de poder y el régimen se resisten e intentan llegar a acuerdos, inclusive los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) intervienen en las negociaciones, pero para ese momento la inercia del movimiento social era imparable y el dictador Anastacio Somoza Debayle es obligado a dejar el poder y tiene que huir del país.
 
El régimen jugó su última carta y en un intento desesperado por mantener el poder, el líder del Congreso asumió el control del estado y anunció que terminaría el plazo que debía cumplir Somoza y que no llamaría a elecciones, sin embargo, este intento falla y el Frente Sandinista de Liberación Nacional entra triunfante a Managua. Se crea la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional dando por terminada una de las dictaduras más largas de América Latina.
 
Este órgano de gobierno, que funcionaría hasta la celebración de elecciones democráticas, se integraba por Daniel Ortega Saavedra (FSLN), que en su carácter de Coordinador general tenía las funciones de Presidente del país, lo acompañaban el afamado escritor Sergio Ramírez (hoy perseguido por el propio Ortega)  y Moisés Hassan, ambos integrantes del Frente, el empresario Alfonso Robelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro (madre de una de la candidatas Presidenciales que actualmente son perseguidas por el régimen de Ortega), viuda de Pedro Joaquín Chamorro.
 
En 1981 el gobierno de los Estados Unidos impone un bloqueo económico a Nicaragua, obligando a la Junta a coordinarse con la Unión Soviética y Cuba, hecho que generó la renuncia de dos de los cinco miembros por no coincidir con esta estrategia. Es así como se llama a elecciones en 1984 resultando ganador Daniel Ortega con el 67% de los votos, con una participación electoral de más del 75%, resultado que legitima al gobierno entrante ante la comunidad internacional.
 
Una de las características de esta lucha revolucionaria fue la intervención de una parte de la Iglesia católica a través de los religiosos seguidores de la Teología de la Liberación, que tuvieron el objetivo de salvar a los pobres de las pésimas condiciones económicas y sociales a las que habían sido orillados por la dictadura, este movimiento religioso tuvo como consecuencia que muchos jóvenes sacerdotes que vivieron de cerca y en carne propia la crudeza de la pobreza extrema terminaran confrontando a la jerarquía religiosa nicaragüense que apoyaba el régimen de Somoza, siendo expulsados e incluso excomulgados.

Entre los teólogos de la liberación que participan en la revolución destaca el gran poeta Ernesto Cardenal, considerado como uno de los mejores poetas de América Latina y quien participó en este gobierno como Secretario de Cultura.
 
En este primer periodo de gobierno, Ortega implementó políticas públicas apegadas a la ideología marxista-leninista, nacionalizó bienes, dio fin a la libertad de mercado y el estado asumió el control de la economía nacional, siguiendo el ejemplo de países como Cuba y algunos partidos europeos que en ese momento eran organizados por sistemas socialistas. A nivel internacional, se sumó a los llamados países no alineados generando la animadversión de los Estados Unidos que en plena Guerra Fría era profundamente anti comunista y que en su afán de lucha contra este sistema político organizó grupos armados denominados “La Contra” con el objetivo de derrocar al régimen orteguista, lo cual provocó una guerra civil que generó la más grave crisis humanitaria, económica, política y social de la historia de Nicaragua.
 
El gobierno revolucionario de Daniel Ortega estuvo vigente de 1984 a 1990 que se celebraron elecciones generales. Fue derrotado por su antigua compañera de la Junta de Gobierno Provisional, Violeta Barrios de Chamorro, con casi 55% de los votos contra el 40% de los votos a favor de Ortega, gracias al apoyo de la Alianza Nacional Opositora, coalición formada por 14 partidos opositores, poniendo fin al período revolucionario sandinista.
 
Tras más de 15 años fuera del poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional vuelve al gobierno nuevamente con Daniel Ortega, luego de ser derrotado en las elecciones de 1996 y 2001, en el 2006 gana la presidencia. Pero los nicaragüenses nunca esperaron que las cosas serían totalmente distintas y que el Presidente se convertiría en algo contra lo que había luchado durante sus épocas de juventud.
 
En 2006 Ortega se postula por quinta ocasión a la Presidencia, esta vez resultando ganador con apenas el 38% de los votos, pero lo suficiente para tomar posesión del cargo en el 2007. Las acciones emprendidas en este nuevo periodo se concentraron en establecer la gratuidad de la salud y de la educación, aunado a la estrategia emprendida en disminuir la pobreza e incrementar la igualdad de género.
 
En el año 2011 Ortega participa como candidato presidencial por sexta ocasión, pero su candidatura es seriamente cuestionada, ya que muchos especialistas consideraron que la Constitución nicaragüense prohibía la reelección consecutiva, sin embargo luego de un breve periodo impugnativo la Suprema Corte resuelve que su participación es legal. Resulta ganador con el 62% de los votos. A pesar de serias acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europa reconocen el ambiente de paz en que se desarrolla la elección legitimando el proceso internacionalmente. En esta ocasión Ortega toma posesión del cargo en el mes de enero del año 2012.
 
En 2017 el Frente Sandinista de Liberación Nacional vuelve a obtener la victoria con Ortega, quien participa como su candidato por séptima ocasión, en esta ocasión arrasando con el 72.5% de los votos emitidos, entre serias dudas de legitimidad ya que el estado controlaba la mayoría de los medios de comunicación, grupos sociales de poder y hubieron denuncias de compra de votos y fraude electoral por parte de la oposición.
 
Durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2017, el presidente Ortega se enfocó en fortalecer las reservas internacionales y las finanzas públicas a través de préstamos y ayudas de organismos internacionales, también estableció políticas que ayudaron a compensar la baja recaudación de impuestos con las ayudas petroleras enviadas por el Gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. En esos años su relación con los empresarios era respetuosa y responsable y en el extranjero, promocionaba al país como destino de inversión, promoviendo, incluso, políticas neoliberales yendo en contra de las políticas de izquierda con que convencía a sus votantes.
 
Es así como llegamos al año 2018, donde una reforma legal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que imponía un aumento del 6.25 al 7% sobre las aportaciones de los trabajadores y patrones, establecía un impuesto ilegal a las pensiones de los retirados y se disminuían las pensiones futuras, detonó que un grupo de personas de la tercera edad salieran a protestar y fueran violentamente reprimidos.
 
Anteriormente había protestas esporádicas que eran controladas a veces por la fuerza y otras tantas por el diálogo, pero los abusos que las autoridades llevaron a cabo en contra de este grupo tan vulnerable, indignó a los jóvenes nicaragüenses por lo que en respuesta salieron a protestar a las calles, exigiendo el cese a la reforma mencionada, castigo para quienes reprimieron a las personas de la tercera edad, mejoras en los derechos básicos para los más necesitados e implementación de normas más democráticas de acceso al poder, sin embargo el gobierno toma la decisión también de reprimirlos y asesinar, según datos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a 328 personas, en lugar de entablar un diálogo pacífico con los manifestantes.
 
Luego de sofocar las protestas de manera violenta, Daniel Ortega emprende ataques contra los comunicadores que habían dado cobertura a las manifestaciones mismos que fueron detenidos y otros partieron al exilio ante la amenaza del gobierno. De igual manera los medios de comunicación donde éstos trabajaban fueron cerrados por la fuerza, llevando a cabo uno de los ataques más serios contra la libertad de prensa en la historia del país. Así mismo el gobierno inicia la persecución contra opositores encarcelándolos o enviándolos al exilio, distribuyendo informaciones falsas e implementando leyes contra los participantes en las protestas acusándolos de terroristas y de ser ellos mismos quienes dieron muerte a sus compañeros, no obstante que diversos dictámenes serios reflejaron que la mayor parte de los fallecidos murieron por disparos de arma de fuego con trayectorias que reflejaban que habían sido disparados desde lugares donde solo profesionales o las fuerzas del orden los pudieron haber realizado.
 
Cuando la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses creyeron que la pesadilla había terminado, ya que al parecer habían finalizado las protestas callejeras, descubrieron que estaban equivocados y que iniciaba una nueva época del terror en contra de todo aquel que pensara distinto al régimen de Ortega.
 
Desde 2018 a la fecha, los constantes ataques contra la libertad de expresión y contra los Derechos Humanos por parte del régimen han continuado y siguen incrementándose, tan brutal ha sido la represión de estado que en un hecho sorprendente la Internacional Socialista (históricamente reconocida por apoyar a gobiernos de izquierda de todo el mundo)  ha expulsado al Frente Sandinista de Liberación Nacional de sus filas por crímenes de lesa humanidad, luego de que Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vice presidenta, ordenarán violentar políticamente a miembros de su propio partido y por ordenar reprimir a la población en general. También en este año la Unión Europea decretó sanciones económicas selectivas contra varios miembros del régimen a través de congelamiento de activos en bancos europeos y restricciones de pisar su territorio.
 
En 2021 la Organización Amnistía Internacional reportaba, a través de un informe denominado “El Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua” que “Las tácticas del gobierno para silenciar la crítica y la demanda social profundizan la crisis de derechos humanos”, ya que desde las protestas del 2018 el gobierno ha seguido instrumentando estrategias para reprimir la libertad de expresión a través de diversos medios como son: aprobación de leyes restrictivas para los medios de comunicación, utilización del Poder Judicial para encarcelar opositores (hasta noviembre del 2020, fecha de finalización del informe, había más de 100 personas privadas de su libertad por pensar diferente), malos tratos contra los presos políticos, hostigamiento de opositores en sus centros de trabajo o estudios. Además, y debido a la pandemia del Covid 19, los presos políticos que presentan síntomas no son atendidos en los centros carcelarios y no cuentan con pruebas que detecten el virus, aunado a que, al obtener su libertad, si es que cuentan con esa suerte, son acosados por todos los medios posibles sin tener oportunidad de seguir con sus actividades diarias.
 
La persecución anterior ha tenido como resultado que activistas defensores de los Derechos Humanos, académicos, estudiantes, comunicadores, prensa independiente y ciudadanos en general se vean en la necesidad de exiliarse, ya que las únicas opciones que tienen en su país por defender su derecho a discernir es la pérdida de la libertad e incluso de la vida.
 
Pero está persecución política no es nueva en el régimen de Ortega, dos casos emblemáticos nos muestran que la persecución política es aplicada sistemáticamente desde hace años y que Daniel Ortega ha actuado en contra de todo aquel que sea un obstáculo para permanecer en el poder, aún contra quien en algún momento lo apoyó para obtener el liderazgo que lo llevó al poder.
 
El escritor Sergio Ramírez, reconocido con el Premio Miguel de Cervantes, otorgado por España, inicia su lucha contra la dictadura de Anastacio Somoza desde 1977, organizó el llamado Grupo de los 12, integrado por líderes sociales, culturales, académicos, religiosos y empresariales, con el objetivo de sumar esfuerzos con el FSLN. Al caer el régimen, Ramírez forma parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y es electo Vice presidente como compañero de fórmula de Daniel Ortega, de 1984 a 1990, año en que son derrotados por la Unión Nacional Opositora. En 1991 es asambleísta nacional y emprende una serie de reformas con el objetivo de democratizar la Carta Magna, sin embargo no es apoyado por sus propios correligionarios quienes toman este intento como una forma de disputarle el poder a Ortega y lo tachan de traidor a su movimiento. A partir de este momento Ramírez es atacado por Ortega hasta el día de hoy por diversos frentes e incluso le ha impuesto bloqueos en sus actividades culturales.
 
Otro caso de gran relevancia es el sucedido con el poeta reconocido internacionalmente Ernesto Cardenal, uno de los grandes defensores de la Teología de la Liberación y Ministro de Cultura del gobierno de Daniel Ortega de 1979 a 1987. Un hecho a destacar es el sucedido en 1983 cuando durante la visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua el poeta fue reprendido por formar parte de la Teología de la Liberación y apoyar la Revolución, un año después de la reprimenda sería suspendido del ejercicio del sacerdocio. Cardenal sería reintegrado al servicio sacerdotal en 2019 por orden del Papa Francisco.
 
Cardenal rompe con Ortega en 1994 debido a su desacuerdo con las políticas antidemocráticas implementadas por el régimen, a partir de este momento es perseguido sistemáticamente hasta el día de su muerte.
 
Un caso más cercano en el tiempo es el de otro de los líderes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el abogado Rafael Solís Cerda, Magistrado de la Suprema Corte, quien renunció a su cargo y al FSLN y envía una carta a Ortega en la que lo tacha de dictador y de encabezar una monarquía junto con su esposa, por cuestiones de seguridad se exilió a Costa Rica luego de una campaña de desprestigio y amenazas de muerte implantada por Ortega quien ordenó que sus oficinas fueran allanadas y su domicilio requisado e invadido.
 
Actualmente Nicaragua está clasificado como el segundo país más pobre de América Latina, solo detrás de Haití, lo que ha generado una grave crisis de migración principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos, hecho que aunado al problema político actual ha incrementado los riesgos sociales del país.
 
Hoy en día el régimen de Daniel Ortega cumple con todas las características para ser clasificado como una dictadura, el ataque a los medios de comunicación independientes, comunicadores, estudiantes, académicos, defensores de los derechos humanos, activistas y sobre todo contra opositores se ha incrementado. En Nicaragua cualquier medio de comunicación que no apoye al régimen es sacado del aire y sus trabajadores corren el riesgo de ser llevados a proceso, fabricándoles delitos burdos tales como incitación al odio, conspiración o terrorismo. Al día de hoy varios medios de comunicación continúan ocupados por elementos armados de la policía nicaragüense sin ninguna orden judicial y sin ninguna justificación de tipo administrativo. Configurando un vil acto de confiscación de facto.
 
A 4 meses de la elección presidencial, la pareja dictatorial ha decidido ir por la reelección, pero no democráticamente, sino emprendiendo un ataque sin la más mínima consideración contra sus probables opositores, tan es así que hoy en día se encuentran encarcelados 6 probables candidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena, a quienes se les acusa de delitos meramente políticos como son: “menoscabo a la independencia y soberanía”, “incitar a la injerencia extranjera”, “pedir intervenciones y aplaudir” sanciones contra Nicaragua, en base a una ley que aplica el gobierno a opositores, y que fue aprobada por el Congreso oficialista.
 
Además, se cuentan otros presos políticos entre críticos, activistas, empresarios y estudiantes, entre éstos se encuentran José Adán Aguerri, empresario y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del principal banco en el país, Banco de la Producción, que tiene presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Por estas acciones varias empresas han salido del país y otras tantas decidieron no invertir más.
 
También han sido detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de la lucha revolucionaria de Ortega como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien se desempeñó como vicecanciller.
 
Esta situación pone al país al nivel de las dictaduras militares de los años setenta en donde opositores y precandidatos eran perseguidos con todo el rigor del estado, hoy en Nicaragua se violan los derechos políticos y los Derechos Humanos impunemente y se asesina a ciudadanos por el solo hecho de no coincidir con las políticas públicas de Ortega, también podemos sumar detenciones arbitrarias y otras formas de represión: asedio policial en los barrios, amenazas en redes sociales a disidentes, insultos y amenazas, acoso en sus centros de trabajo y educativos, golpizas, entre otros.
 
Pero aquí no terminan las irregularidades, hace apenas unos pocos días, las autoridades policiales controladas por Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron a cinco líderes estudiantiles y del movimiento campesino, entre ellos está el ya mencionado aspirante a la presidencia, Medardo Mairena, así como Freddy Navas y Pedro Mena, los tres líderes del denominado movimiento campesino, acusados del asesinato, secuestro y lesiones de agentes durante las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, además del extraño delito de “menoscabar la soberanía” del país.
 
Mairena y Mena ya habían sido detenidos y condenados a 200 años de prisión por “terrorismo” y otros delitos por su participación en las protestas, responsabilizándolos de la muerte de policías en un proceso amañado y sin pruebas en su contra pero habían sido beneficiados con una ley de amnistía en junio de 2019. Es decir que estos opositores serán juzgados dos veces por los mismos supuestos delitos, violando uno de los principios más básicos del derecho.
 
También fueron detenidos los estudiantes Lesther Alemán y Max Jérez, acusados de ser los líderes de la toma y ocupación de dos universidades durante “el fallido intento de golpe de Estado” como califica el gobierno de Daniel Ortega a las manifestaciones del 2018.
 
Afortunadamente el conocimiento de esta crisis ha escalado a nivel mundial y diversas organizaciones, además de Amnistía Internacional, han levantado la voz en contra de los abusos y a favor de los reprimidos.
 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Secretario General ha comentado que “en el derecho internacional de los derechos humanos, el estándar es claro y supone verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", después de lamentar el "incumplimiento generalizado" del Estado de Nicaragua a las recomendaciones de la organización que preside.
 
De igual forma, la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, ha asegurado que en Nicaragua existe una “falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos”.
 
El equipo de Bachelet asegura que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición tras las graves violaciones reportadas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas contra el régimen.
 
Desde la diplomacia europea a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se ha condenado firmemente las acciones de las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos de oposición, medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, incluyendo la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición.

Apenas el 14 de julio de 2021 el gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios del Presidente Daniel Ortega “… en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas” informó su Ministro de Relaciones Exteriores Marc Garneau.

 

Para el 2022 Daniel Ortega habrá permanecido 23 años en el poder, nadie duda de que pretende reelegirse por cuarta ocasión consecutiva, y sumar 28 años en total ahora como dictador.
 
No cabe duda que el régimen de Daniel Ortega es una dictadura y no es sostenible porque está construida sobre una excesiva centralización del poder, con niveles alarmantes de corrupción, sin medios de comunicación independientes, con capitales huyendo sin que alguien invierta en el país, además la crisis del COVID ha hecho mella en el sistema de salud lo que ha sido aprovechado por políticos corruptos para enriquecerse ilícitamente, no hay rendición de cuentas y no existen instituciones democráticas; nadie puede predecir ni imaginar el estallido social que se pudiera producir en los próximos años.
 
Nicaragua es hoy un estado de excepción de facto, es uno de los países con uno de los más altos grados de impunidad en todo el orbe, en el que el gobierno ha decretado la prohibición de la libre movilización, la prohibición de las marchas ciudadanas, y sus acciones han quebrantando el Estado de Derecho, se han violado los derechos constitucionales de sus ciudadanos con el apoyo del Poder Judicial y del Parlamento controlado por la mayoría oficialista, el país está dominado por la policía de Ortega encargándose de ser el órgano perseguidor de opositores en lugar de perseguir delincuentes. Nicaragua vive hoy en estado de sitio permanente.
 
Es un hecho que es urgente que la comunidad internacional, incluido México, debe dar pasos contundentes para detener la represión, violencia y ataques contra las libertades fundamentales de los nicaragüenses y tomar acciones conjuntas que dejen claro que las democracias apoyan totalmente la protección de los Derechos Humanos de la población en su conjunto y que un país será libre si y solo si hay elecciones democráticas que respeten todos los principios electorales que su constitución proteja.
 
No podemos cerrar los ojos y quedarnos callados ante este tipo de situaciones tan graves, debemos analizar a profundidad lo que está pasando en este país y en otros con las mismas o similares circunstancias para así tener la capacidad de detectar a tiempo, señales que pudieran reflejarse en nuestro propio país y no permitir que sucedan.

Nicaragua. De la Revolución a la Dictadura. 

Artículo de Jonathan Chávez para PolíticArte